El Congreso ha dado luz verde a una ley que fortalece la protección de la privacidad de los funcionarios públicos. Queda prohibida la difusión de grabaciones obtenidas mediante engaños o que invadan la esfera personal de los afectados.
Asimismo, esta normativa obliga a los medios de comunicación a respetar la negativa de un representante político a dar declaraciones, prohibiendo insistir o realizar seguimientos fuera de los canales oficiales previstos para la comunicación.
Con estas reglas, la Cámara pretende establecer un equilibrio claro entre el derecho a la información y la protección de la vida privada de quienes ejercen cargos públicos.
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