Este jueves, el Gobierno sufrió un nuevo revés en el Congreso de los Diputados, donde fue rechazada otra vez la senda de estabilidad presupuestaria para el trienio 2026-2028. La votación negativa se produce en una semana difícil para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, marcada por controversias internas en el PSOE y detenciones que afectan a varios altos cargos.
La propuesta fue rechazada con 177 votos en contra —procedentes del PP, Vox, Junts y UPN— frente a 166 votos favorables y cinco abstenciones, un resultado muy similar al del rechazo registrado a finales de noviembre. No obstante, esta segunda votación no impide al Ejecutivo: con ella se completan los trámites necesarios para que el Gobierno pueda presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 en el momento que considere adecuado.
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El Ejecutivo mantiene libertad para presentar los Presupuestos
A pesar del rechazo, las cuentas públicas podrán elaborarse bajo los objetivos del plan fiscal estructural remitido a Bruselas el año pasado. Este plan se activa automáticamente tras la negativa a la senda de déficit planteada por Hacienda.
La propuesta rechazada establecía un déficit del 2,1% del PIB para 2026, del 1,8% para 2027 y del 1,6% para 2028 en el conjunto de las administraciones. Para las comunidades autónomas, Hacienda planteaba un margen constante del 0,1% del PIB durante esos tres años. Sin embargo, el plan alternativo que entra en vigor es más restrictivo: exige un equilibrio presupuestario (0%) para las comunidades y concede una décima más de margen a la Administración Central.
Junts advierte: “Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”
En el debate, Junts emitió un mensaje claro. Su portavoz, Josep Maria Cruset, alertó a Montero de que el incumplimiento de compromisos con Cataluña tendrá repercusiones en futuras votaciones: «Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana».
Las comunidades ven reducido su margen: Madrid, la más perjudicada
La puesta en marcha del plan fiscal estructural supone un ajuste fiscal de 1.755 millones para las comunidades en 2026 y una disminución acumulada de 5.485 millones en su capacidad de gasto entre 2026 y 2028.
Madrid será la comunidad más afectada, con una reducción estimada de 1.088 millones en ese periodo. Le siguen Cataluña (1.038,7 millones), Andalucía (731,4 millones), Comunidad Valenciana (509,9 millones) y Galicia (280,8 millones), entre otras regiones.
Montero expresó su decepción por los votos en contra y resaltó que la propuesta del Ministerio de Hacienda ofrecía un mayor margen a las comunidades. «No se explica que, habiendo una mayor flexibilidad, algunos opten por oponerse. Solo puede entenderse como un rechazo sin más», manifestó durante el debate en el Congreso.
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