El 71,7 % de la sociedad española opina que la igualdad para las personas LGTBIQ+ aporta beneficios a toda la comunidad, según un estudio que también muestra desigualdades estructurales y diferencias legales.
MADRID. — El reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ es valorado positivamente por el 71,7 % de los españoles, consolidando un amplio acuerdo social respecto a la igualdad en el país. Con motivo de las celebraciones del Orgullo LGTBI+, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha presentado por primera vez un estudio especial sobre ‘Diversidad sexual’, que examina en profundidad la percepción social, la visibilidad y las áreas donde persiste la discriminación en España.
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El informe confirma que la diversidad sexual cuenta con una notable aceptación pública. Casi ocho de cada diez ciudadanos (79 %) apoyan de forma positiva o muy positiva la conmemoración del Día y la semana del Orgullo LGTBI+, mientras que solo un 15 % la califica negativamente. Además, esta festividad está bastante arraigada: el 78 % de participantes sabe que se celebra a finales de junio, y un 22 % la considera una información reciente.
Persisten insultos y agresiones tras un año
A pesar del respaldo social y legal, el CIS alerta sobre la presencia frecuente de actitudes hostiles en la vida cotidiana. Más de la mitad de la población (53,1 %) ha presenciado en el último año episodios de violencia verbal o física contra personas homosexuales, bisexuales o transexuales, incluyendo insultos, burlas, amenazas, agresiones físicas y aislamiento social.
El estudio también recoge la memoria colectiva respecto al acoso verbal. El 25,3 % declara haber escuchado insultos despectivos habituales contra este colectivo a lo largo de su vida, y otro 25,3 % ha sido testigo directo de mofas o gestos ofensivos.
Diferencias en aceptación según entorno y colectivo
Las dificultades varían en función del grupo y el contexto. El 17 % de los encuestados considera que las personas transexuales están actualmente en una situación de riesgo alto o muy alto en España, seguidas por los hombres gays con un 11 % de preocupación.
Esta vulnerabilidad se refleja en la libertad para expresar la orientación sexual o identidad de género. Aunque el 80 % cree que las personas transexuales pueden mostrarse con naturalidad entre amistades, esta cifra baja al 59 % en el entorno familiar y a un 45 % en el laboral, señalando que el trabajo sigue siendo el ámbito más limitado para la visibilidad.
Asimismo, las personas homosexuales (gays y lesbianas) perciben un nivel significativamente mayor de seguridad, superando en más de diez puntos porcentuales las tasas de naturalidad en todos los espacios analizados.
Reconocimiento e inclusión simbólica en espacios públicos
El estudio apunta a un alto grado de identificación con los símbolos. El 82 % reconoce sin dudas la bandera arcoíris, símbolo histórico del colectivo, mientras que el 10 % no está completamente seguro de su significado.
La exhibición de este símbolo en el ámbito civil cuenta con apoyo mayoritario: siete de cada diez personas consideran que los comercios que la muestran transmiten un mensaje inclusivo, y el 65 % afirma que su presencia en espacios públicos fomenta el respeto a la diversidad.
No obstante, la población marca límites en el nivel institucional. El 54 % opina que las banderas en edificios públicos deben ser solo las oficiales, perspectiva que el 49 % extiende concretamente a la bandera arcoíris.
Desigualdad en la aplicación de la ley
El apartado sobre equidad judicial revela conclusiones importantes: el 72 % sostiene que no todos los ciudadanos reciben el mismo trato legal, observándose diferencias basadas en la identidad de las personas. Cerca del 56,3 % cree que expresar o tener ciertas ideas políticas puede influir negativamente en la aplicación de las leyes.
Entre las causas que acentúan estas desigualdades, la vulnerabilidad socioeconómica es la mayor, según el 66 % de los participantes. La discriminación por origen étnico o nacional también es significativa: el 51,5 % señala a las personas extranjeras y el 50 % a la comunidad gitana como grupos afectados.
Finalmente, el género es mencionado por el 45 % como factor de penalización (en el caso de las mujeres), mientras que un 40 % indica que ser homosexual, transexual, musulmán, practicar otra religión o tener alguna discapacidad condiciona negativamente la igualdad jurídica.
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