El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha confirmado este martes que el Arzobispado continúa destinando una ayuda económica al sacerdote de Talavera de la Reina, condenado a ocho años y medio de cárcel por abusos sexuales reiterados a una menor. Estos recursos se emplean, entre otros fines, para que el sacerdote haga frente a la indemnización establecida para la víctima y a los costes judiciales.
En rueda de prensa, Cerro explicó que el apoyo se ofrece porque el condenado «es sacerdote y, como tal, estamos prestándole ayuda». Sin embargo, aclaró que esta asistencia económica no implica un posicionamiento sobre la culpabilidad penal, recordando que en el proceso canónico interno realizado por la Iglesia se le consideró «inocente».
Prioridad en la reparación económica
Dado lo «delicado» del caso, el ecónomo diocesano, Anastasio Gómez, precisó que la prioridad del Arzobispado es asegurar que la víctima reciba la compensación que establecieron los tribunales. Gómez puntualizó que el sacerdote no cuenta con un salario formal, sino con una «asignación mínima y básica».
- Reparación a la víctima: La Iglesia sostiene que esta vía permite que la víctima cobre la indemnización que dictó el Tribunal Supremo.
- Pago de costas: La asignación también cubre los gastos legales asociados al proceso judicial del sacerdote.
- Cumplimiento normativo: El arzobispo afirmó que la institución cumple «total y absolutamente con toda la normativa» vigente mientras el sacerdote cumple su condena en prisión.
La víctima «en el centro» a pesar de la polémica
Desde el Arzobispado defendieron su gestión asegurando que han intentado manejar el caso «de la mejor manera posible» en las circunstancias presentes. El ecónomo reiteró que han puesto a la víctima «en el centro» para garantizar su reparación económica total, actuando de manera coordinada con la dirección legal del agresor.
«Siempre hemos tratado de actuar conforme a lo que la Justicia ha indicado», concluyó Francisco Cerro, confirmando que la Iglesia asume los pagos derivados de la sentencia por abusos cometidos entre 2010 y 2014.
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