El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mostró este martes su rechazo contundente a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada recientemente por el Consejo de Ministros. En un encuentro con sus diputados en el Congreso, Feijóo calificó esta medida —que afectará a aproximadamente medio millón de personas— como inhumana, injusta, insegura e insostenible.
El líder de la oposición argumenta que esta decisión no se fundamenta en criterios humanitarios, sino que favorece la actuación de las organizaciones criminales. Según Feijóo, este decreto transmite un mensaje de éxito a las redes de tráfico humano al indicar que España se encuentra abierta a la entrada de cualquier persona.
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Principales fundamentos de la oposición del PP
Feijóo detalló las razones por las que el Partido Popular rechaza el real decreto aprobado hoy:
- Falta de seguridad y insuficiente control: El líder popular sostiene que la norma carece de los requisitos necesarios y que el Gobierno no cuenta con datos oficiales precisos sobre el número exacto de beneficiarios.
- Consecuencias económicas: Calificó la medida como insostenible, ya que fue aprobada sin informe económico ni estimación de los gastos derivados para servicios públicos esenciales como sanidad, educación, vivienda y asistencia social.
- Desavenencias institucionales: Feijóo reprocha que esta regularización contradice las posiciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Asimismo, critica que el debate público no haya tenido lugar en el Parlamento, aprovechando la ausencia del presidente del Gobierno, quien se encuentra de viaje oficial en China.
Propuesta alternativa: una política migratoria legal y ordenada
En contraposición a la medida gubernamental, el PP defiende un modelo migratorio basado en la legalidad y el orden, respetando las directrices europeas. Feijóo destacó que, antes de implementar cualquier proceso como este, es fundamental priorizar cuatro aspectos:
- Reformar las vías legales de entrada al país.
- Fortalecer el control fronterizo.
- Incrementar la tasa de regreso de quienes no cumplen requisitos.
- Intervenir directamente en los países de origen para combatir el tráfico de personas.
«Los ciudadanos españoles tienen el derecho a gestionar quién ingresa en su territorio y bajo qué condiciones viven», afirmó Feijóo.
Por otro lado, el Consejo de Ministros defiende que el decreto exige a los solicitantes carecer de antecedentes penales y no representar riesgo alguno para la seguridad pública. Su objetivo es integrar de forma regular a miles de personas que ya forman parte de la sociedad española.
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