Este martes, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Esta entidad gestionará las solicitudes de compensación para víctimas cuyos casos están prescritos o cuyos agresores han fallecido, ofreciendo una opción de justicia alternativa a los tribunales convencionales.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró que el sistema estará disponible a partir del 15 de abril. Este modelo, supervisado por el Defensor del Pueblo, surge del protocolo firmado en marzo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo.
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Un mecanismo mixto con responsabilidad financiera de la Iglesia
Una de las características principales del sistema es que incluye reparaciones simbólicas junto con compensaciones económicas sin límite establecido, asumidas íntegramente por la Iglesia. Bolaños fue claro sobre el compromiso económico de la institución: «La Iglesia va a pagar porque está comprometida por escrito». Si alguna diócesis o congregación carece de recursos, la CEE y la Confer responderán como responsables últimos.
El proceso se organizará de la siguiente manera:
- Solicitud: Las víctimas podrán reclamar la reparación mediante la sede electrónica del Ministerio, por correo electrónico o vía telefónica.
- Valoración: La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por expertos independientes, elaborará una propuesta de reparación.
- Acuerdo o arbitraje: En caso de desacuerdo, una Comisión Mixta tratará de resolverlo. Si no se alcanza una solución, el Defensor del Pueblo tendrá la decisión final, que la Iglesia deberá acatar.
Reparación integral que va más allá del aspecto económico
El protocolo establece que la reparación no se limita a lo económico. Además de cubrir gastos relacionados con las secuelas físicas y psicológicas, el sistema persigue el reconocimiento institucional y el acompañamiento a las víctimas. Las indemnizaciones se calcularán en función de la gravedad del abuso y el daño sufrido, considerando si la víctima recibió alguna compensación previa a través del sistema interno de la Iglesia (PRIVA).
El ministro destacó que el objetivo es ofrecer justicia a quienes fueron «olvidados, humillados y marginados» durante años. Esta oficina tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga por un segundo año, y se implementará una campaña informativa para asegurar que todas las personas afectadas conozcan cómo acceder a este nuevo mecanismo de reparación.
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