La propuesta del juez Juan Carlos Peinado de juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha provocado una nueva crisis profunda entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Este martes, el intercambio de críticas entre ministros y los órganos de gobierno judiciales se ha intensificado tras los severos reproches del Consejo de Ministros hacia la instrucción del caso.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, definió el auto de Peinado como un documento que «ha causado vergüenza a numerosos ciudadanos y jueces», afirmando que la investigación de dos años ha perjudicado de forma «irreparable» la reputación de la justicia. Bolaños espera que un tribunal superior e «imparcial» revierta decisiones que considera injustas.
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El CGPJ reclama respeto a la independencia judicial
La judicatura respondió rápidamente. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy por unanimidad una declaración recordando la obligación de respetar las resoluciones judiciales. Esta postura sigue la línea expresada previamente por la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, quien advirtió contra las «descalificaciones» al Poder Judicial y recordó que los jueces «no están sujetos a órdenes de nadie».
Una de las controversias surge por una referencia en el auto del juez Peinado que comparaba la situación actual con la etapa de Fernando VII. Bolaños aprovechó para señalar que, a diferencia de aquella época, hoy existen mecanismos para corregir sentencias «sin fundamento legal».
El Gobierno intensifica sus críticas y menciona «irregularidades»
Lejos de disminuir la tensión, varios ministros intervinieron este martes para apoyar las declaraciones de Bolaños:
- Óscar Puente: El ministro de Transportes indicó que ciertas causas judiciales buscan «castigar o coartar la acción política» de los representantes electos.
- Elma Saiz: La portavoz del Gobierno defendió la inocencia de Gómez y afirmó que el auto incluye elementos que van más allá del ámbito jurídico.
- Quejas pendientes: Bolaños criticó directamente al CGPJ por no haber resuelto en once meses las quejas sobre presuntas «irregularidades» de Peinado durante la instrucción.
Este nuevo episodio de tensión institucional ocurre en un momento sensible, con el Ejecutivo cuestionando abiertamente si determinados sectores judiciales actúan con motivaciones políticas. Por su parte, los jueces exigen el cese de lo que consideran una interferencia inaceptable en su función profesional.
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