La Fiscalía no realiza las inspecciones previstas en los centros que alojan a menores migrantes en Canarias, pese a las denuncias sobre posibles malos tratos en algunas instalaciones.
En la actualidad, las islas disponen de 81 recursos destinados a acoger a niños y adolescentes que han llegado en cayuco. De acuerdo con los protocolos emitidos por el Ministerio Fiscal, estas instalaciones deberían ser inspeccionadas al menos una vez por trimestre y sin previo aviso, con el fin de asegurar la protección de los menores y detectar cualquier anomalía.
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No obstante, las revisiones no se llevan a cabo con la frecuencia ni el rigor que se requieren, lo que genera inquietud entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. La ausencia de controles adecuados puede dejar a estos jóvenes en una situación más vulnerable en un sistema ya sometido a una alta presión migratoria.
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