Este sábado, Bilbao acogió una manifestación que reunió aproximadamente a 30,000 personas, conforme a los datos facilitados por la Policía Municipal. La convocatoria, organizada por Sare, una red que apoya los derechos de los presos de ETA, tuvo como principal fin solicitar el cese de las «medidas de excepción» que continúan aplicándose a estos internos.
La marcha, que se realiza anualmente a comienzos de año, recorrió las calles de la capital vizcaína bajo el lema «No puede prolongarse más», enfatizando la urgencia de terminar con la situación que afecta a los presos vascos.
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En el acto participaron diversas figuras y representantes políticos de partidos como EH Bildu, Podemos Euskadi, Junts, ERC, CUP, BNG, Més Per Mallorca y Catalunya en Comú, junto con los sindicatos nacionalistas ELA y LAB y asociaciones sociales como Etxerat, ANC y Òmnium Cultural, mostrando un sólido respaldo a la causa.
Un elemento significativo fue la reciente ratificación del Tribunal Supremo de una condena de siete años y medio a Arantza Zulueta, abogada defensora de los presos de ETA, hecho que ha intensificado las críticas respecto al trato que reciben los internos.
La marcha se inició a las 17:00 horas en el recinto de La Casilla y avanzó hasta el Ayuntamiento de Bilbao. Entre quienes portaron la pancarta destacaron Rosa Rodero, esposa de Joseba Goikoetxea, sargento mayor de la Ertzaintza asesinado por ETA en 1993, el músico Francis Diez, integrante del grupo Doctor Deseo, y activistas vinculados a causas palestinas y saharauis.
Durante el recorrido, Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, manifestó que «cuando decenas de miles de personas salen a la calle año tras año reclamando derechos para los presos vascos, es porque estos se están vulnerando». Insistió en la necesidad de reflexionar sobre las políticas vigentes y su impacto en la dignidad de los reclusos.
Azkarraga señaló que actualmente hay en las cárceles del País Vasco y Navarra cerca de 120 presos de ETA, de los cuales 40 han cumplido más de dos décadas en prisión y más de 21 han superado los 25 años encarcelados. Según afirmó, «la mayoría de estas personas podrían estar en libertad bajo ciertas condiciones si no se aplicaran medidas excepcionales», instando a las autoridades a poner fin a estas limitaciones.
El portavoz recordó que este año se conmemora el quincuagésimo aniversario del fin de la actividad de ETA y destacó que 15 años después todavía persisten violaciones de derechos, lo que genera un sentimiento de injusticia entre familiares y simpatizantes.
Para avanzar hacia una solución, propuso crear un marco definitivo que permita eliminar las medidas excepcionales y alcanzar la liberación de todos los presos mediante la implantación de un régimen penitenciario ordinario.
Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso y diputado de los Comuns, también expresó su respaldo a la petición de Sare, reclamando la aplicación equitativa de la ley penitenciaria para los presos vascos. Subrayó que esta manifestación actúa como un «antídoto frente a discursos de odio» que quieren tener peso en el debate público.
Otros oradores, como Maite Gartzia de Podemos Euskadi y Mitxel Lakuntza de ELA, criticaron las excepciones que marcan la política penitenciaria, mientras que Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, solicitó que para 2026 se adopten medidas que faciliten el retorno de todos los presos a sus domicilios.
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