La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid alerta que 40 de estos menores ya han alcanzado la mayoría de edad debido a la falta de actuación de la Delegación del Gobierno y contempla la opción de acudir a la vía judicial.
MADRID.– El Ejecutivo regional madrileño, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado su presión sobre el Gobierno central en relación con la gestión de los menores extranjeros no acompañados. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales requerirá formalmente a la Delegación del Gobierno en Madrid que acelere sin demora el retorno de 110 menores extranjeros con serios problemas de adaptación y perfiles conflictivos. Según la administración autonómica, la paralización administrativa es tal que 40 de estos jóvenes han cumplido la mayoría de edad sin que se haya iniciado ningún procedimiento de expulsión.
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El Consejo de Gobierno regional analizará este miércoles un informe técnico detallado elaborado por Silvia Valmaña, presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Este documento será enviado inmediatamente al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, para instarle a cumplir con las obligaciones legales del Estado y poner en marcha los mecanismos de reunificación familiar que establece la ley. Hasta ahora, la única respuesta del departamento de Martín ha sido que están «recopilando la información» correspondiente.
Ultimátum judicial y denuncias por estafa
El conflicto institucional entre la Puerta del Sol y la Delegación del Gobierno se prolonga desde hace tiempo, pero en los últimos meses las cifras se han duplicado. En octubre pasado, la Comunidad remitió 58 expedientes individuales de repatriación, que ahora se han incrementado a 110, sin que se haya formalizado ninguna orden. Fuentes de la consejería dirigida por Ana Dávila confirman que si la inacción persiste o se recibe un rechazo injustificado por parte de las autoridades estatales, el Gobierno de Ayuso considerará iniciar acciones legales.
Los 110 casos corresponden a menores tutelados, en su mayoría alojados en el centro de Primera Acogida de Hortaleza y en el complejo de La Cantueña, en Fuenlabrada. Además, los servicios jurídicos de la Comunidad han presentado ya 16 denuncias judiciales contra inmigrantes que han sido identificados como falsos menores, a quienes se les atribuye un presunto delito de estafa agravada por haber utilizado de forma indebida la red pública de protección infantil del Gobierno regional.
El interés superior del menor
Desde la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia se defiende que la expulsión y el retorno propuestos se apoyan estrictamente en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería (4/2000).
Los informes técnicos del gobierno regional sostienen que, dado el contexto de inadaptación de estos menores, su devolución junto con sus familias y entornos sociales de origen es la solución más adecuada para proteger su interés superior, considerando que el sistema de acogida madrileño está al límite de su capacidad.
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