El portavoz de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, ha advertido a sus socios del PSOE que no aceptarán prácticas de financiación ilegal, mientras señala a los líderes del PP y Vox por supuesta coordinación con la embajada estadounidense para impulsar una acción judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero.
MADRID. El acuerdo de investidura y la dinámica interna del Gobierno de coalición mantienen tensiones tras la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE. Este miércoles, Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz parlamentario de IU, expresó con firmeza que la financiación irregular es una «línea roja» que condiciona la continuidad de su formación en el Ejecutivo.
Al ser cuestionado en el Congreso sobre los registros en la calle Ferraz, Santiago resaltó que han mostrado cautela ante estos asuntos. No obstante, indicó que no se pueden tolerar casos de financiación ilegal y reiteró que, en caso de confirmarse irregularidades, sería un punto de no retorno para su grupo político.
Respuesta a PP y Vox por presunta gestión con EE. UU.
Junto con esta nota interna dirigida a los socialistas, Sumar ha tratado de equilibrar el debate público desviando la atención hacia la oposición. Enrique Santiago acusó a las principales figuras del Partido Popular y Vox de haberse reunido la semana pasada en la embajada de Estados Unidos en Madrid para, supuestamente, recibir órdenes relacionadas con el proceso judicial contra el expresidente Zapatero.
Exigió una explicación urgente por parte de las direcciones del PP y Vox respecto a estas presuntas acciones internacionales:
«El señor Feijóo, el señor Abascal y la presidenta del PP, la señora Ayuso, deben aclarar qué motivos tuvieron para acudir a la embajada de Estados Unidos la semana pasada. También deben informar si están coordinando alguna iniciativa que desembocaría en procedimientos judiciales en España.»
Según Santiago, la oposición estaría utilizando la situación judicial de Zapatero para intentar justificar actividades que calificó como ilegales, incluyendo las llamadas «sanciones unilaterales e ilegales en el derecho internacional».
Con este doble mensaje, Sumar busca reforzar su imagen ética frente a sus votantes exigiendo total transparencia al PSOE, y al mismo tiempo intenta refrenar la ofensiva del Partido Popular, al que acusa de actuar bajo influencias extranjeras.
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