La fundación señala un posible conflicto de intereses por el cargo de coordinadora de trasplantes de la doctora, y considera que su informe fue clave en un procedimiento que califican de muy grave.
La Fundación Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante la sección de Instrucción del Juzgado de Instancia de Barcelona contra la médica encargada de gestionar la eutanasia de Noelia. La organización imputa a la doctora un supuesto delito de prevaricación, basándose en una presunta infracción de la normativa vigente. Según la fundación, la facultativa habría actuado en conflicto de intereses al participar en el proceso mientras desempeñaba simultáneamente el cargo de coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.
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Presuntas irregularidades en el proceso
En la denuncia se destaca que la especialista en Medicina Intensiva no era la doctora habitual de Noelia ni mantenía una relación clínica previa con la paciente. A pesar de ello, Abogados Cristianos señala que la médica tuvo un papel «central» en el procedimiento, describiendo su informe como «decisivo» para la resolución del caso.
La fundación también indica que la doctora redactó manualmente la solicitud de eutanasia, en la que se reflejaba prioritariamente la voluntad de la joven de ser donante de órganos y tejidos. Sin embargo, el organismo subraya que Noelia revocó esta decisión «en el último momento», lo que, según Abogados Cristianos, sugiere posibles irregularidades en la gestión desde el inicio del expediente.
Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Abogados Cristianos, ha calificado el caso como «muy grave», señalando que no es correcto tomar decisiones sobre la vida de una persona cuando existe un «interés directo en la obtención de sus órganos». Para la entidad, esta circunstancia de incompatibilidad podría haber invalidado por completo el procedimiento de ayuda para morir.
Estado judicial de la Comisión de Garantía
Esta acción legal se presenta en un contexto de investigaciones que ya están en curso sobre el mismo asunto. En noviembre pasado, el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona admitió a trámite una querella de la misma fundación contra dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat.
Dicha causa indaga presuntos delitos de falsificación de documento público y prevaricación, relacionados con la supuesta simulación de un desacuerdo en el informe fechado el 2 de julio de 2024, que permitió remitir el caso a la comisión. No obstante, recientemente la Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación contra estos dos miembros tras las declaraciones recogidas en sede judicial.
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