La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que la red relacionada con el sector de hidrocarburos, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, destinó aproximadamente un millón de euros en sobornos y pagos ocultos a funcionarios públicos, incluyendo al exministro José Luis Ábalos, con el fin de influir en decisiones administrativas relevantes.
El documento, enviado al Juzgado de Instrucción número 5, describe que la organización, supuestamente encabezada por el empresario Claudio Rivas y con la colaboración del intermediario Víctor de Aldama, procuraba obtener una licencia para operar como mayorista de carburantes para la compañía Villafuel, a pesar de que esta no cumplía los requisitos legales establecidos.
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Los investigadores señalan que el grupo empleó diversos métodos para «comprar voluntades», tales como transferencias de dinero y comunicaciones que indicarían la entrega de fondos a personas con influencia en ministerios como Transportes —dirigido por Ábalos durante el periodo examinado—, Transición Ecológica e Industria.
De acuerdo con la UCO, tras conseguir la licencia, Villafuel habría utilizado su posición para implementar un fraude fiscal cuyo importe podría superar los 180 millones de euros, lo que aumenta la gravedad del caso.
El procedimiento sigue en fase de instrucción y forma parte de una investigación más amplia sobre la posible manipulación de procesos administrativos mediante contactos políticos y pagos irregulares en sectores estratégicos.
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