La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia el jueves pasado en la que responsabiliza a Brasil por las detenciones arbitrarias y los actos de tortura sufridos por Denise Peres Cripsim y Eduardo Leite durante la dictadura brasileña en 1970.
En este fallo, el Tribunal determinó que el Estado brasileño es «responsable internacionalmente» por no haber llevado a cabo una investigación adecuada sobre las denuncias de tortura y la ejecución extrajudicial de Eduardo Leite. Además, la CorteIDH destacó el impacto profundo que estas violaciones han tenido en los familiares de las víctimas, quienes han sido privados del derecho a la verdad y a la integridad personal.
La sentencia recalca que los crímenes cometidos contra Denise y Eduardo constituyen delitos de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben según el derecho internacional. Este reconocimiento resalta la urgencia de enfrentar la impunidad que ha prevalecido en Brasil respecto a estos hechos.
Los sucesos que motivaron la condena ocurrieron entre julio y diciembre de 1970. Denise, entonces embarazada de seis meses, fue detenida bajo cargos de subversión y terrorismo. Durante su reclusión, estuvo en la Comisaría de Orden Político-Social (DOPS), donde fue sometida a torturas desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto.
El 11 de agosto, dado el riesgo que suponía la tortura para su embarazo, Denise fue trasladada a un hospital clandestino. Su hija, Eduarda, nació el 11 de octubre en ese lugar, aunque su nacimiento no fue inscrito oficialmente.
Por otro lado, Eduardo Leite fue arrestado el 21 de agosto de 1970 y, según la Comisión Nacional de la Verdad, permaneció bajo custodia estatal durante 109 días. Durante ese tiempo, fue torturado antes de que se difundiera falsamente que había fallecido en un tiroteo el 8 de diciembre de ese año. La Comisión documentó que Eduardo fue realmente asesinado por un mayor del Ejército.
La CorteIDH subrayó la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar a los responsables, así como de integrar una perspectiva de género en el caso de Denise. Ella presentó en 2011 una denuncia penal por la tortura y ejecución de su esposo, pero en 2012 la fiscalía archivó el caso argumentando que los delitos no eran imprescriptibles según la legislación brasileña.
La Corte ordenó a Brasil llevar a cabo las investigaciones necesarias, castigar a los culpables, localizar los restos de Eduardo Leite y corregir su acta de defunción. Asimismo, solicitó la realización de un acto público en el que el Estado reconozca su responsabilidad internacional y adopte medidas para garantizar la imprescriptibilidad de estos delitos en el ordenamiento jurídico brasileño.
