Con el objetivo de reducir las preocupaciones sobre la seguridad en las próximas elecciones legislativas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha garantizado que los integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no llevarán a cabo operativos ni patrullarán los lugares de votación en noviembre.
Este anuncio se realizó en una videoconferencia dirigida por Heather Honey, encargada de la seguridad electoral del DHS, quien calificó como «desinformación» cualquier especulación acerca de la intervención de agentes federales de inmigración en los colegios electorales el próximo 3 de noviembre.
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Desconfianza entre funcionarios estatales
Aunque Washington ha ofrecido estas garantías, varios secretarios de Estado, especialmente de tendencias demócratas, han recibido el mensaje con recelo. Esta inquietud se basa en dos aspectos principales:
- Trayectoria de Heather Honey: Las declaraciones previas de la funcionaria afirmando que las elecciones de 2020 fueron objeto de fraude han generado dudas. Por ejemplo, el secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, expresó su falta de confianza al señalar que no puede “depender de quien niega la legitimidad electoral para conocer la verdad”.
- Situación en Mineápolis: El temor a la interferencia federal aumentó después de recientes operaciones violentas del ICE en Minnesota. A comienzos de este año, la ciudad vivió momentos de alta tensión tras la muerte por disparos de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, durante redadas migratorias, lo que generó inquietud sobre la presencia de fuerzas federales en espacios públicos.
Competencias electorales y supervisión federal
En Estados Unidos, la organización electoral es responsabilidad constitucional de los estados. Sin embargo, esta distribución enfrenta presiones debido a las propuestas del expresidente Donald Trump para federalizar el control del proceso electoral, con el fin de impedir un supuesto fraude masivo que hasta ahora no ha sido demostrado.
La directiva emitida por el DHS busca separar las políticas migratorias de la gestión electoral, asegurando que el despliegue de agentes federales en ciudades como Mineápolis —en donde se ha registrado el mayor operativo federal desde la invasión a Irak— no se extenderá a los centros donde se realiza la votación.
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