El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado del caso Pujol ha admitido en el juicio que no examinó si hubo manipulación en adjudicaciones públicas o en operaciones urbanísticas vinculadas a los pagos que, según la Fiscalía, representarían comisiones ilegales de empresarios a la familia.
En su testimonio durante la vista oral en la Audiencia Nacional sobre el origen de la fortuna oculta en Andorra de los Pujol, el inspector explicó que, a su juicio, estos pagos no perseguían necesariamente la alteración de concursos específicos, sino más bien obtener “una garantía de influencia prolongada”.
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Investigación insuficiente, según la defensa
Las defensas, principalmente el letrado Cristóbal Martell que representa a Jordi Pujol Ferrusola, centraron el interrogatorio en el presunto delito previo de blanqueo de capitales imputado a la familia.
Martell cuestionó que los informes policiales detallen con precisión los “antecedentes” del delito y criticó que la UDEF determine el alcance corrupto de los fondos de forma poco rigurosa. En este contexto, preguntó al inspector si había indagado en recalificaciones urbanísticas presuntamente irregulares, en la composición de los órganos encargados de adjudicar concursos públicos —algunos vinculados a administraciones socialistas— o si se tomó declaración a sus integrantes.
El agente reconoció que no analizó los procesos de recalificación ni verificó si los procedimientos administrativos tenían irregularidades, alegando falta de especialización en urbanismo. “En mi área suelo ser el mejor, pero en urbanismo no tengo dominio”, declaró.
Además, admitió que no investigó posibles presiones en la adjudicación de un servicio portuario en Tarragona a una empresa que efectuó pagos a Pujol Ferrusola, señalando que no era parte de sus funciones.
Influencia transversal y relevancia del delito previo
El inspector defendió que el presunto delito previo “no tiene relevancia” en la configuración del blanqueo, argumentando que la hipótesis policial apunta a que los pagos respondían a una estrategia de influencia continuada, similar al caso del Palau de la Música Catalana, donde Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) fue condenada por recibir comisiones de la constructora Ferrovial.
También destacó la “transversalidad” atribuida a los integrantes de la familia Pujol Ferrusola en diversos ámbitos institucionales.
La defensa abordó otros procedimientos citados en los informes policiales como contexto del supuesto enriquecimiento familiar, tales como el caso Banca Catalana, que terminó con una querella archivada contra el expresident Jordi Pujol; el caso ITV, por el que Oriol Pujol Ferrusola fue condenado; y el denominado caso Turismo.
El inspector manifestó que obtuvo información sobre estas causas mediante buscadores y no profundizó en los detalles, aunque insistió en que no era necesaria una prueba exhaustiva sobre el origen del dinero para fundamentar el delito de blanqueo.
El pendrive y préstamos irregulares
En la sesión, el agente negó categóricamente haber utilizado datos del pendrive con información sustraída a la familia Pujol, cuya difusión provocó la condena del ex número dos de la Policía Nacional. Indicó que el juez instructor, José de la Mata, descartó expresamente cualquier prueba relacionada con ese dispositivo.
Finalmente, al ser consultado sobre los préstamos avalados por Jordi Pujol Ferrusola a empresas proveedoras de CDC —que luego fueron asumidos por el partido y una constructora—, calificó estas operaciones de “totalmente anómalas. Y digo totalmente corto”, señalando que podrían encajar en un esquema de financiación irregular.
El juicio sigue en la Audiencia Nacional con la presentación de pruebas testimoniales relacionadas con el supuesto origen ilícito del patrimonio familiar en el extranjero.
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