El ministro de Migración, Johan Forssell, busca una solución rápida para deportar a delincuentes adolescentes sin esperar la aplicación de la nueva ley prevista para 2027.
El Gobierno de Suecia ha adoptado un enfoque más estricto respecto a la política migratoria. Johan Forssell, ministro de Migración, anunció este miércoles su intención de acelerar la deportación de jóvenes inmigrantes vinculados a delitos, rechazando postergar estas medidas hasta enero del año próximo, que es cuando se esperaba que entrara en vigor la nueva legislación.
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Durante una rueda de prensa centrada en las expulsiones de personas con antecedentes penales, Forssell enfatizó que el Ejecutivo está trabajando intensamente para encontrar una solución estable que no dependa de los tiempos habituales del proceso legislativo. Esta iniciativa surge en un contexto de elevada presión política para el gabinete encabezado por el primer ministro Ulf Kristersson, quien gobierna respaldado por el partido de derecha Demócratas de Suecia y se comprometió a ligar las políticas migratorias con la seguridad ciudadana.
El desafío que plantea la deportación de adolescentes
Suecia enfrenta un escenario administrativo complejo. A diario se emiten órdenes de expulsión para jóvenes de entre 18 y 20 años que, en muchos casos, están bien integrados, hablan el idioma y asisten a la universidad. La controversia surge especialmente en situaciones donde a los hijos se les deniega la residencia pese a que sus padres tengan la ciudadanía o residencia permanente.
Forssell prevé recurrir a la futura ley de reunificación familiar, que se espera aprobar esta primavera. Aunque un análisis técnico propuso reducir la edad máxima de dependencia de 21 a 18 años —lo que supondría un aumento en las deportaciones—, el ministro indicó que el Gobierno no está comprometido a seguir tal recomendación. «Una investigación lo sugirió, pero nunca fue apoyada por nosotros», expresó con firmeza.
Un nuevo enfoque frente al crimen organizado
El Gobierno estima que las herramientas legales renovadas permitirán llegar a unas 3.000 expulsiones anuales, cifra que multiplicaría por seis las actuales, que rondan las 500. Este endurecimiento responde a la necesidad de combatir la violencia generada por las bandas organizadas y el narcotráfico, problemáticas que, aunque han mostrado una disminución en tiroteos mortales, han registrado un aumento en la utilización de explosivos y ataques con bomba.
Forssell también aprovechó para diferenciarse de legislaciones previas, como la llamada gymnasielagen, que permitía a menores solicitantes de asilo permanecer en el país si completaban estudios secundarios y trabajaban. Según su opinión, aquella norma se implementó de forma apresurada y carecía de seguridad jurídica, un fallo que el actual Gobierno busca evitar estableciendo una solución «estable» que no genere nuevos conflictos legales.
Además, dentro del conjunto de medidas dirigidas a la delincuencia juvenil, Suecia considera modificaciones estructurales adicionales, tales como ampliar las facultades de la policía y proponer la reducción de la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años.
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