El grupo parlamentario Vox ha elevado la presión política al acusar oficialmente al Gobierno de España de cometer un delito de traición a la seguridad nacional. Durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Congreso, el portavoz de Vox afirmó que el Ejecutivo desestimó alertas claras provenientes de servicios de inteligencia extranjeros sobre el ingreso masivo de personas en la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio.
«No es posible que 80.000 personas se congreguen cerca de la frontera sin que los servicios de inteligencia de España y Marruecos estén informados», recriminó el diputado de Vox a la ministra Robles.
Avisos internacionales y acusación de delito de traición
Durante su intervención, el portavoz de Vox cuestionó directamente a la ministra de Defensa para exigir aclaraciones sobre las advertencias previas recibidas por el Estado:
«¿Puede asegurar que ningún servicio de inteligencia alertó sobre esta entrada masiva? Nosotros sabemos que sí se realizaron avisos y, por consiguiente, las acciones u omisiones realizadas, que se están realizando y se realizarán encajan en el delito de traición a la seguridad nacional».
Según la versión presentada por Vox, la falta de prevención por parte de los ministerios correspondientes ante la concentración de personas en la frontera representó una grave falla en la protección del territorio nacional.
Propuesta para exigir responsabilidad penal al Ejecutivo
Ante la seriedad de lo denunciado, Vox anunció en el Congreso de los Diputados que promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución Española. Este artículo establece el procedimiento para solicitar la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de sus ministros ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en casos de traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de su cargo.
Para que avance esta iniciativa, la Constitución exige que al menos una cuarta parte de los diputados (88) la respalden y que posteriormente sea aprobada por mayoría absoluta en la Cámara Baja. Con esta medida, Vox pretende impulsar la imputación penal del Consejo de Ministros, fundamentándose en una supuesta negligencia intencionada durante la crisis fronteriza.
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UNIRME GRATIS AL CANALEl grupo parlamentario Vox ha elevado la presión política al acusar oficialmente al Gobierno de España de cometer un delito de traición a la seguridad nacional. Durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Congreso, el portavoz de Vox afirmó que el Ejecutivo desestimó alertas claras provenientes de servicios de inteligencia extranjeros sobre el ingreso masivo de personas en la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio.
«No es posible que 80.000 personas se congreguen cerca de la frontera sin que los servicios de inteligencia de España y Marruecos estén informados», recriminó el diputado de Vox a la ministra Robles.
Avisos internacionales y acusación de delito de traición
Durante su intervención, el portavoz de Vox cuestionó directamente a la ministra de Defensa para exigir aclaraciones sobre las advertencias previas recibidas por el Estado:
«¿Puede asegurar que ningún servicio de inteligencia alertó sobre esta entrada masiva? Nosotros sabemos que sí se realizaron avisos y, por consiguiente, las acciones u omisiones realizadas, que se están realizando y se realizarán encajan en el delito de traición a la seguridad nacional».
Según la versión presentada por Vox, la falta de prevención por parte de los ministerios correspondientes ante la concentración de personas en la frontera representó una grave falla en la protección del territorio nacional.
Propuesta para exigir responsabilidad penal al Ejecutivo
Ante la seriedad de lo denunciado, Vox anunció en el Congreso de los Diputados que promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución Española. Este artículo establece el procedimiento para solicitar la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de sus ministros ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en casos de traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de su cargo.
Para que avance esta iniciativa, la Constitución exige que al menos una cuarta parte de los diputados (88) la respalden y que posteriormente sea aprobada por mayoría absoluta en la Cámara Baja. Con esta medida, Vox pretende impulsar la imputación penal del Consejo de Ministros, fundamentándose en una supuesta negligencia intencionada durante la crisis fronteriza.
El grupo parlamentario Vox ha elevado la presión política al acusar oficialmente al Gobierno de España de cometer un delito de traición a la seguridad nacional. Durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Congreso, el portavoz de Vox afirmó que el Ejecutivo desestimó alertas claras provenientes de servicios de inteligencia extranjeros sobre el ingreso masivo de personas en la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio.
«No es posible que 80.000 personas se congreguen cerca de la frontera sin que los servicios de inteligencia de España y Marruecos estén informados», recriminó el diputado de Vox a la ministra Robles.
Avisos internacionales y acusación de delito de traición
Durante su intervención, el portavoz de Vox cuestionó directamente a la ministra de Defensa para exigir aclaraciones sobre las advertencias previas recibidas por el Estado:
«¿Puede asegurar que ningún servicio de inteligencia alertó sobre esta entrada masiva? Nosotros sabemos que sí se realizaron avisos y, por consiguiente, las acciones u omisiones realizadas, que se están realizando y se realizarán encajan en el delito de traición a la seguridad nacional».
Según la versión presentada por Vox, la falta de prevención por parte de los ministerios correspondientes ante la concentración de personas en la frontera representó una grave falla en la protección del territorio nacional.
Propuesta para exigir responsabilidad penal al Ejecutivo
Ante la seriedad de lo denunciado, Vox anunció en el Congreso de los Diputados que promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución Española. Este artículo establece el procedimiento para solicitar la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de sus ministros ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en casos de traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de su cargo.
Para que avance esta iniciativa, la Constitución exige que al menos una cuarta parte de los diputados (88) la respalden y que posteriormente sea aprobada por mayoría absoluta en la Cámara Baja. Con esta medida, Vox pretende impulsar la imputación penal del Consejo de Ministros, fundamentándose en una supuesta negligencia intencionada durante la crisis fronteriza.
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«No es posible que 80.000 personas se congreguen cerca de la frontera sin que los servicios de inteligencia de España y Marruecos estén informados», recriminó el diputado de Vox a la ministra Robles.
Avisos internacionales y acusación de delito de traición
Durante su intervención, el portavoz de Vox cuestionó directamente a la ministra de Defensa para exigir aclaraciones sobre las advertencias previas recibidas por el Estado:
«¿Puede asegurar que ningún servicio de inteligencia alertó sobre esta entrada masiva? Nosotros sabemos que sí se realizaron avisos y, por consiguiente, las acciones u omisiones realizadas, que se están realizando y se realizarán encajan en el delito de traición a la seguridad nacional».
Según la versión presentada por Vox, la falta de prevención por parte de los ministerios correspondientes ante la concentración de personas en la frontera representó una grave falla en la protección del territorio nacional.
Propuesta para exigir responsabilidad penal al Ejecutivo
Ante la seriedad de lo denunciado, Vox anunció en el Congreso de los Diputados que promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución Española. Este artículo establece el procedimiento para solicitar la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de sus ministros ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en casos de traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de su cargo.
Para que avance esta iniciativa, la Constitución exige que al menos una cuarta parte de los diputados (88) la respalden y que posteriormente sea aprobada por mayoría absoluta en la Cámara Baja. Con esta medida, Vox pretende impulsar la imputación penal del Consejo de Ministros, fundamentándose en una supuesta negligencia intencionada durante la crisis fronteriza.
















