En un informe presentado al juez Santiago Pedraz, la Fiscalía Anticorrupción detecta indicios de cohecho y tráfico de influencias, considerando que el partido facilitó su estructura para las operaciones atribuidas a Santos Cerdán.
MADRID — La Fiscalía Anticorrupción ha avanzado en la investigación judicial relacionada con el llamado ‘caso cloacas del PSOE’, que se tramita en la Audiencia Nacional. En un documento dirigido al magistrado Santiago Pedraz, el Ministerio Público determina que el partido no contaba con controles internos en la gestión económica llevada por su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, lo que acerca la posible imputación de la formación política como persona jurídica por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El juez del Juzgado Central de Instrucción considera esta acción tras solicitar información a la sede central de Ferraz y revisar los dispositivos incautados tanto en las instalaciones del partido como en los domicilios de los principales investigados.
Falta de supervisión en la administración financiera de Cerdán
El informe de Anticorrupción se basa en las declaraciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la gerente del partido, Ana María Fuentes —también investigada—, para señalar que la dirección del partido no ejercía un control efectivo sobre la gestión de fondos realizada por Cerdán.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos bajo investigación habrían sido «impulsados desde la dirección de dicha formación política». El documento indica que el exresponsable socialista utilizó los recursos operativos y financieros del partido para apoyar las tareas encargadas a la intermediaria Leire Díez, contratada supuestamente para interferir en causas judiciales relacionadas con el entorno del Gobierno central.
Financiación encubierta y facturación dudosa
Entre las evidencias recabadas está el pago mensual de 4.000 euros a Leire Díez, financiados con fondos del partido. Para gestionar estos pagos y dificultar la trazabilidad directa, la red habría utilizado un entramado de sociedades vinculadas y despachos de abogados intermediarios.
La Fiscalía destaca la intervención de la gerente del partido en la emisión de órdenes de encargo y en la creación de facturas posiblemente ficticias, destinadas a dar apariencia legal a las transferencias, además del respaldo a gastos logísticos y desplazamientos para los implicados.
Pedraz condiciona la decisión al análisis documental
A pesar de los indicios expuestos por Anticorrupción, el juez Santiago Pedraz considera que sería «prematuro» formalizar la imputación del PSOE en la fase actual del proceso. La resolución dependerá del resultado final del análisis pericial de la documentación incautada y de la declaración del propio Santos Cerdán, con el fin de definir el alcance de sus funciones y fijar si el partido obtuvo un beneficio directo de estas acciones.
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MADRID — La Fiscalía Anticorrupción ha avanzado en la investigación judicial relacionada con el llamado ‘caso cloacas del PSOE’, que se tramita en la Audiencia Nacional. En un documento dirigido al magistrado Santiago Pedraz, el Ministerio Público determina que el partido no contaba con controles internos en la gestión económica llevada por su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, lo que acerca la posible imputación de la formación política como persona jurídica por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
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Falta de supervisión en la administración financiera de Cerdán
El informe de Anticorrupción se basa en las declaraciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la gerente del partido, Ana María Fuentes —también investigada—, para señalar que la dirección del partido no ejercía un control efectivo sobre la gestión de fondos realizada por Cerdán.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos bajo investigación habrían sido «impulsados desde la dirección de dicha formación política». El documento indica que el exresponsable socialista utilizó los recursos operativos y financieros del partido para apoyar las tareas encargadas a la intermediaria Leire Díez, contratada supuestamente para interferir en causas judiciales relacionadas con el entorno del Gobierno central.
Financiación encubierta y facturación dudosa
Entre las evidencias recabadas está el pago mensual de 4.000 euros a Leire Díez, financiados con fondos del partido. Para gestionar estos pagos y dificultar la trazabilidad directa, la red habría utilizado un entramado de sociedades vinculadas y despachos de abogados intermediarios.
La Fiscalía destaca la intervención de la gerente del partido en la emisión de órdenes de encargo y en la creación de facturas posiblemente ficticias, destinadas a dar apariencia legal a las transferencias, además del respaldo a gastos logísticos y desplazamientos para los implicados.
Pedraz condiciona la decisión al análisis documental
A pesar de los indicios expuestos por Anticorrupción, el juez Santiago Pedraz considera que sería «prematuro» formalizar la imputación del PSOE en la fase actual del proceso. La resolución dependerá del resultado final del análisis pericial de la documentación incautada y de la declaración del propio Santos Cerdán, con el fin de definir el alcance de sus funciones y fijar si el partido obtuvo un beneficio directo de estas acciones.
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El informe de Anticorrupción se basa en las declaraciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la gerente del partido, Ana María Fuentes —también investigada—, para señalar que la dirección del partido no ejercía un control efectivo sobre la gestión de fondos realizada por Cerdán.
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