Alvise Pérez denunció a URBAS en 2022 por ‘graves irregularidades’
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente la cotización de URBAS Grupo Financiero tras una serie de indicadores contables y financieros altamente anómalos, y en medio de crecientes sospechas de manipulación de mercado. El grupo cerró el ejercicio 2024 con unas pérdidas netas de 137 millones de euros, una contracción del 29% en la cifra de negocio y un desplome del EBITDA del 71%, lo que indica una estructura de costes desalineada respecto a los ingresos operativos y un elevado apalancamiento operativo insostenible.
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La decisión de la CNMV coincide con un endurecimiento del escrutinio regulatorio sobre las prácticas contables del grupo y su opacidad operativa en varios frentes. La firma había emprendido durante 2024 múltiples reestructuraciones societarias, tanto horizontales como verticales, deslocalizando parte de su actividad en jurisdicciones de baja fiscalidad y vehiculizando operaciones a través de entidades no consolidadas, lo que complica su trazabilidad contable.
El eurodiputado Alvise Pérez ha señalado directamente a URBAS como “una arquitectura criminal de financiación encubierta del poder político en España”, vinculando sus estructuras operativas a redes similares a las investigadas en el caso FIAPPS, en el que también aparecía el exministro José Bono. Según Pérez, “URBAS no es una promotora inmobiliaria, sino una plataforma de ingeniería financiera cuyo único activo real es la manipulación informativa orquestada para inflar artificialmente la acción en ciclos especulativos predefinidos”.
El modus operandi descrito por Pérez implicaría la publicación sistemática de noticias falsas —a menudo en medios afines o mediante notas de prensa de bajo rigor financiero— cuyo único objetivo sería generar impulsos alcistas artificiales en la cotización, permitiendo operaciones en corto o venta masiva por parte de insiders o terceros vinculados. Posteriormente, una recompra estratégica de títulos a precios deprimidos facilitaría la repetición del ciclo.
Además, Pérez afirma haber localizado flujos financieros sospechosos asociados a URBAS en los Países Bajos, especialmente vinculados a sociedades con titularidad opaca en Ámsterdam y Utrecht. Estas entidades habrían sido empleadas presuntamente para la repatriación encubierta de capitales a España mediante préstamos intercompany ficticios, así como para canalizar retornos a actores políticos con capacidad de influir en organismos reguladores o en la obtención de suelo público a precio infravalorado.
Entre los señalados por el eurodiputado se encuentran Juan Antonio Acedo, presidente del grupo, y Manuel Ibáñez, ex directivo vinculado a operaciones de financiación alternativa en 2021. Pérez sostiene que ambos habrían actuado como nodos intermedios en una red diseñada para facilitar la financiación opaca de determinadas figuras del poder institucional.
Lo más grave del caso es que Alvise Pérez ya denunció esta estructura en 2022, aportando documentación probatoria y trazabilidad de operaciones a la CNMV, a la Fiscalía Anticorrupción y a medios internacionales. Según Pérez, “las autoridades españolas han mirado para otro lado durante años, mientras una empresa zombie cotizaba en el continuo como tapadera de favores políticos”.
Analistas independientes consultados coinciden en que el caso URBAS puede suponer uno de los mayores escándalos bursátiles de los últimos años, por la escala, la duración temporal de la estructura y la presunta implicación de altos cargos políticos. La acción de URBAS, altamente volátil desde mediados de 2023, presentaba desde hace meses una divergencia anómala entre los fundamentales reportados y el comportamiento técnico de mercado, con picos de volumen sin justificación aparente.
La CNMV, por su parte, ha indicado que la suspensión se mantendrá hasta que la compañía “aclare su situación financiera real y garantice la veracidad y transparencia de la información suministrada al mercado”. Mientras tanto, se ha abierto una investigación formal por parte del departamento de supervisión de prácticas de mercado, en colaboración con la Guardia Civil y organismos europeos de control financiero.
Este caso podría abrir la puerta a una revisión de los protocolos de cotización para small caps y sociedades con baja liquidez, así como a una reforma en profundidad del marco legal que regula la relación entre política, finanzas y medios de comunicación en España.
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