La Fiscalía detalla la cronología del 20 de marzo de 2020: un contrato inicial de 12 millones de euros se multiplicó hasta 24,2 millones tras las presiones ejercidas por Víctor de Aldama y Koldo García.
En la segunda semana del juicio relacionado con el llamado «caso mascarillas», se han esclarecido los rápidos cambios que caracterizaron la adjudicación del primer contrato sanitario importante gestionado por el Ministerio de Transportes. De acuerdo con el informe detallado de la Fiscalía Anticorrupción, el 20 de marzo de 2020 bastaron apenas 38 minutos para que una orden ministerial firmada por el entonces ministro José Luis Ábalos fuera revocada y reemplazada por otra que duplicaba la cantidad de material solicitada: de cuatro a ocho millones de mascarillas.
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El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, centró su exposición en las declaraciones de cuatro antiguos altos cargos para esclarecer cómo Soluciones de Gestión, empresa ligada a Víctor de Aldama, consiguió un contrato por un valor de 24,2 millones de euros. Los interrogatorios a Jesús Manuel Gómez García (exsubsecretario de Transportes), Javier Sánchez Fuentefría (exdirector de Organización), Francisco Toledo Lobo (expresidente de Puertos del Estado) y Álvaro Sánchez Manzanares (exsecretario general de la compañía) apuntan directamente hacia la intervención de Koldo García y a las demandas del comisionista Aldama.
20 de marzo: la exigencia de «ocho millones o nada»
Según la cronología presentada por la Fiscalía, el momento clave ocurrió a las 20:00 horas del 20 de marzo. En ese momento, Ábalos firmó la primera orden para adquirir cuatro millones de unidades, una cantidad que el subsecretario Gómez García había establecido por motivos de «prudencia». Sin embargo, doce minutos más tarde, a las 20:12 horas, Sánchez Manzanares envió ese documento —que todavía no estaba publicado en el BOE— a Víctor de Aldama.
La respuesta del empresario fue rápida y contundente: no era viable comprar únicamente cuatro millones, porque el avión alquilado en Lisboa tenía capacidad para transportar el doble. Según el testimonio de los implicados, fue entonces cuando el asesor ministerial Koldo García intervino para informar que la decisión definitiva sería aumentar el pedido. «El proveedor indicaba que eran ocho millones o nada», reconoció Gómez García ante el tribunal, admitiendo que aceptó la instrucción de García con la misma autoridad que si viniera directamente del ministro.
A las 20:38 horas, apenas 38 minutos tras la primera firma, José Luis Ábalos rubricó la segunda orden ministerial que autorizaba la inversión de 24,2 millones de euros a favor de Soluciones de Gestión.
Cuestionamientos sobre la selección de la empresa proveedora
Una de las cuestiones centrales del juicio es determinar si el Ministerio había elegido ya a la empresa de Aldama antes incluso de formalizar la necesidad de la compra. La Fiscalía sospecha que así fue, basándose en un correo electrónico enviado por Sánchez Fuentefría a Puertos del Estado el 19 de marzo, un día previo a la firma, en el que se preguntaba por el tipo de mascarillas disponibles.
Aunque los testigos negaron conocer a Soluciones de Gestión en esa fecha temprana, el exsubsecretario Gómez García confirmó que fue Koldo García quien acudió a su despacho el día 20 con la oferta de esa empresa. Por su parte, Sánchez Manzanares declaró ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que mantenía contacto con Aldama antes de la adjudicación, si bien sostuvo que creía que el empresario «formaba parte del equipo ministerial» y brindaba apoyo logístico al departamento de Ábalos.
Según la tesis de la Fiscalía, este contrato inicial habría sido la «puerta de entrada» que permitió a la red acceder posteriormente a otros organismos públicos como Adif y a los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.
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