El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promovido un nuevo esfuerzo para limitar la ciudadanía automática basada en el nacimiento, enfocándose en el denominado “turismo de maternidad” y en ciertos casos vinculados al estatus migratorio de los padres.
Esta orden ejecutiva surge tras una primera acción de la Administración republicana contra este derecho constitucional, que ya había enfrentado numerosas demandas y bloqueos judiciales.
La iniciativa busca restringir el reconocimiento automático de la ciudadanía estadounidense a algunos niños nacidos en el territorio nacional, una interpretación que es probable vuelva a ser cuestionada legalmente.
Trump ajusta su enfoque tras anteriores derrotas judiciales
El presidente republicano firmó el 20 de enero de 2025, coincidiendo con el inicio de su segundo mandato, una orden orientada a limitar la ciudadanía para ciertos hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancia temporal en Estados Unidos.
Esta medida fue rápidamente impugnada por varios estados y grupos de defensa de los derechos civiles.
El centro del conflicto radica en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción adquieren la ciudadanía.
Quienes se oponen a las medidas de Trump argumentan que un presidente no puede alterar mediante una orden ejecutiva un derecho protegido constitucionalmente.
El “turismo de maternidad”, eje de la nueva orden
La nueva estrategia de la Casa Blanca se centra principalmente en el llamado “turismo de maternidad”, término que describe los viajes de mujeres extranjeras a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en el país.
La Administración busca que la ciudadanía automática no se aplique en ciertos casos cuando la madre no está legalmente en Estados Unidos y el padre no es ni ciudadano estadounidense ni residente permanente.
La Casa Blanca sostiene que existen circunstancias en las cuales un recién nacido no estaría completamente “sujeto a la jurisdicción” estadounidense, interpretación que es el núcleo de la controversia constitucional.
La orden incluye otras posibles excepciones
El documento también señala otros casos que la Administración considera susceptibles de quedar fuera del reconocimiento automático de la ciudadanía.
Entre estos se incluyen determinados casos relacionados con miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacimientos ocurridos en territorios con estatus jurídico especial.
Estas excepciones tendrán que ser evaluadas ahora por los tribunales, que decidirán hasta qué punto puede extenderse el poder del Ejecutivo en un ámbito protegido por la Constitución.
Situación actual de la ciudadanía por nacimiento
Generalmente, las personas nacidas en territorio estadounidense obtienen la ciudadanía sin importar la situación migratoria de sus padres.
Este principio se ha aplicado durante más de un siglo, basado en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil.
Sin embargo, Trump argumenta que la norma ha sido interpretada de forma excesivamente amplia y que su propósito original era principalmente garantizar la ciudadanía a personas previamente esclavizadas y sus descendientes.
La ACLU anticipa un nuevo conflicto legal
Grupos defensores de los inmigrantes ya prevén nuevos procesos judiciales.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) afirma que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución y considera que una orden presidencial no puede alterar su alcance.
La entidad ha advertido que impugnará cualquier intento de restringir ese derecho mediante decisiones administrativas del Ejecutivo.
Por lo tanto, la nueva orden está lejos de entrar en vigor de forma definitiva y probablemente será objeto de diversas instancias judiciales.
La inmigración continúa siendo una prioridad para Trump
Esta medida se suma a la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Su Administración ha fortalecido el control fronterizo, aumentado las deportaciones, restringido ciertos programas de entrada legal y establecido nuevas limitaciones en materia de asilo.
La ciudadanía por nacimiento se transforma ahora en otro importante frente legal dentro de esta agenda.
El desenlace dependerá de la interpretación que realicen los tribunales sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda y los límites del poder presidencial.
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UNIRME GRATIS AL CANALEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promovido un nuevo esfuerzo para limitar la ciudadanía automática basada en el nacimiento, enfocándose en el denominado “turismo de maternidad” y en ciertos casos vinculados al estatus migratorio de los padres.
Esta orden ejecutiva surge tras una primera acción de la Administración republicana contra este derecho constitucional, que ya había enfrentado numerosas demandas y bloqueos judiciales.
La iniciativa busca restringir el reconocimiento automático de la ciudadanía estadounidense a algunos niños nacidos en el territorio nacional, una interpretación que es probable vuelva a ser cuestionada legalmente.
Trump ajusta su enfoque tras anteriores derrotas judiciales
El presidente republicano firmó el 20 de enero de 2025, coincidiendo con el inicio de su segundo mandato, una orden orientada a limitar la ciudadanía para ciertos hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancia temporal en Estados Unidos.
Esta medida fue rápidamente impugnada por varios estados y grupos de defensa de los derechos civiles.
El centro del conflicto radica en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción adquieren la ciudadanía.
Quienes se oponen a las medidas de Trump argumentan que un presidente no puede alterar mediante una orden ejecutiva un derecho protegido constitucionalmente.
El “turismo de maternidad”, eje de la nueva orden
La nueva estrategia de la Casa Blanca se centra principalmente en el llamado “turismo de maternidad”, término que describe los viajes de mujeres extranjeras a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en el país.
La Administración busca que la ciudadanía automática no se aplique en ciertos casos cuando la madre no está legalmente en Estados Unidos y el padre no es ni ciudadano estadounidense ni residente permanente.
La Casa Blanca sostiene que existen circunstancias en las cuales un recién nacido no estaría completamente “sujeto a la jurisdicción” estadounidense, interpretación que es el núcleo de la controversia constitucional.
La orden incluye otras posibles excepciones
El documento también señala otros casos que la Administración considera susceptibles de quedar fuera del reconocimiento automático de la ciudadanía.
Entre estos se incluyen determinados casos relacionados con miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacimientos ocurridos en territorios con estatus jurídico especial.
Estas excepciones tendrán que ser evaluadas ahora por los tribunales, que decidirán hasta qué punto puede extenderse el poder del Ejecutivo en un ámbito protegido por la Constitución.
Situación actual de la ciudadanía por nacimiento
Generalmente, las personas nacidas en territorio estadounidense obtienen la ciudadanía sin importar la situación migratoria de sus padres.
Este principio se ha aplicado durante más de un siglo, basado en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil.
Sin embargo, Trump argumenta que la norma ha sido interpretada de forma excesivamente amplia y que su propósito original era principalmente garantizar la ciudadanía a personas previamente esclavizadas y sus descendientes.
La ACLU anticipa un nuevo conflicto legal
Grupos defensores de los inmigrantes ya prevén nuevos procesos judiciales.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) afirma que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución y considera que una orden presidencial no puede alterar su alcance.
La entidad ha advertido que impugnará cualquier intento de restringir ese derecho mediante decisiones administrativas del Ejecutivo.
Por lo tanto, la nueva orden está lejos de entrar en vigor de forma definitiva y probablemente será objeto de diversas instancias judiciales.
La inmigración continúa siendo una prioridad para Trump
Esta medida se suma a la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Su Administración ha fortalecido el control fronterizo, aumentado las deportaciones, restringido ciertos programas de entrada legal y establecido nuevas limitaciones en materia de asilo.
La ciudadanía por nacimiento se transforma ahora en otro importante frente legal dentro de esta agenda.
El desenlace dependerá de la interpretación que realicen los tribunales sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda y los límites del poder presidencial.
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Esta orden ejecutiva surge tras una primera acción de la Administración republicana contra este derecho constitucional, que ya había enfrentado numerosas demandas y bloqueos judiciales.
La iniciativa busca restringir el reconocimiento automático de la ciudadanía estadounidense a algunos niños nacidos en el territorio nacional, una interpretación que es probable vuelva a ser cuestionada legalmente.
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El presidente republicano firmó el 20 de enero de 2025, coincidiendo con el inicio de su segundo mandato, una orden orientada a limitar la ciudadanía para ciertos hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancia temporal en Estados Unidos.
Esta medida fue rápidamente impugnada por varios estados y grupos de defensa de los derechos civiles.
El centro del conflicto radica en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción adquieren la ciudadanía.
Quienes se oponen a las medidas de Trump argumentan que un presidente no puede alterar mediante una orden ejecutiva un derecho protegido constitucionalmente.
El “turismo de maternidad”, eje de la nueva orden
La nueva estrategia de la Casa Blanca se centra principalmente en el llamado “turismo de maternidad”, término que describe los viajes de mujeres extranjeras a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en el país.
La Administración busca que la ciudadanía automática no se aplique en ciertos casos cuando la madre no está legalmente en Estados Unidos y el padre no es ni ciudadano estadounidense ni residente permanente.
La Casa Blanca sostiene que existen circunstancias en las cuales un recién nacido no estaría completamente “sujeto a la jurisdicción” estadounidense, interpretación que es el núcleo de la controversia constitucional.
La orden incluye otras posibles excepciones
El documento también señala otros casos que la Administración considera susceptibles de quedar fuera del reconocimiento automático de la ciudadanía.
Entre estos se incluyen determinados casos relacionados con miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacimientos ocurridos en territorios con estatus jurídico especial.
Estas excepciones tendrán que ser evaluadas ahora por los tribunales, que decidirán hasta qué punto puede extenderse el poder del Ejecutivo en un ámbito protegido por la Constitución.
Situación actual de la ciudadanía por nacimiento
Generalmente, las personas nacidas en territorio estadounidense obtienen la ciudadanía sin importar la situación migratoria de sus padres.
Este principio se ha aplicado durante más de un siglo, basado en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil.
Sin embargo, Trump argumenta que la norma ha sido interpretada de forma excesivamente amplia y que su propósito original era principalmente garantizar la ciudadanía a personas previamente esclavizadas y sus descendientes.
La ACLU anticipa un nuevo conflicto legal
Grupos defensores de los inmigrantes ya prevén nuevos procesos judiciales.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) afirma que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución y considera que una orden presidencial no puede alterar su alcance.
La entidad ha advertido que impugnará cualquier intento de restringir ese derecho mediante decisiones administrativas del Ejecutivo.
Por lo tanto, la nueva orden está lejos de entrar en vigor de forma definitiva y probablemente será objeto de diversas instancias judiciales.
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Esta medida se suma a la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Su Administración ha fortalecido el control fronterizo, aumentado las deportaciones, restringido ciertos programas de entrada legal y establecido nuevas limitaciones en materia de asilo.
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Esta orden ejecutiva surge tras una primera acción de la Administración republicana contra este derecho constitucional, que ya había enfrentado numerosas demandas y bloqueos judiciales.
La iniciativa busca restringir el reconocimiento automático de la ciudadanía estadounidense a algunos niños nacidos en el territorio nacional, una interpretación que es probable vuelva a ser cuestionada legalmente.
Trump ajusta su enfoque tras anteriores derrotas judiciales
El presidente republicano firmó el 20 de enero de 2025, coincidiendo con el inicio de su segundo mandato, una orden orientada a limitar la ciudadanía para ciertos hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancia temporal en Estados Unidos.
Esta medida fue rápidamente impugnada por varios estados y grupos de defensa de los derechos civiles.
El centro del conflicto radica en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción adquieren la ciudadanía.
Quienes se oponen a las medidas de Trump argumentan que un presidente no puede alterar mediante una orden ejecutiva un derecho protegido constitucionalmente.
El “turismo de maternidad”, eje de la nueva orden
La nueva estrategia de la Casa Blanca se centra principalmente en el llamado “turismo de maternidad”, término que describe los viajes de mujeres extranjeras a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en el país.
La Administración busca que la ciudadanía automática no se aplique en ciertos casos cuando la madre no está legalmente en Estados Unidos y el padre no es ni ciudadano estadounidense ni residente permanente.
La Casa Blanca sostiene que existen circunstancias en las cuales un recién nacido no estaría completamente “sujeto a la jurisdicción” estadounidense, interpretación que es el núcleo de la controversia constitucional.
La orden incluye otras posibles excepciones
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Entre estos se incluyen determinados casos relacionados con miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacimientos ocurridos en territorios con estatus jurídico especial.
Estas excepciones tendrán que ser evaluadas ahora por los tribunales, que decidirán hasta qué punto puede extenderse el poder del Ejecutivo en un ámbito protegido por la Constitución.
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Generalmente, las personas nacidas en territorio estadounidense obtienen la ciudadanía sin importar la situación migratoria de sus padres.
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