El presidente de EE. UU. sugiere que el Gobierno federal tome el control de la votación en 15 puntos clave del país alegando riesgos de fraude en las próximas legislativas de noviembre.
En un movimiento que ha encendido las alarmas de constitucionalistas y defensores de los derechos civiles, el presidente Donald Trump ha propuesto formalmente este miércoles 4 de febrero de 2026 que el Gobierno federal «nacionalice» los procesos electorales en Estados Unidos. La medida, justificada por el mandatario bajo la premisa de combatir el voto de no ciudadanos, busca que el Ejecutivo intervenga en el recuento de votos en al menos 15 localidades estratégicas de cara a las elecciones de medio mandato (midterms).
Durante una reciente entrevista, Trump calificó el sistema actual como «plagado de corrupción» y señaló directamente a ciudades como Detroit, Filadelfia y Atlanta. «Si no pueden contar los votos de forma legal y honesta, entonces alguien más debería hacerse cargo», afirmó el presidente, sugiriendo que la descentralización del sistema electoral —pilar de la Constitución estadounidense— es una debilidad que los demócratas aprovechan para facilitar el sufragio de inmigrantes indocumentados.
El debate sobre la legalidad y la Ley SAVE
A pesar de la retórica presidencial, las leyes vigentes en EE. UU. ya prohíben estrictamente el voto de no ciudadanos en elecciones federales y estatales, con penas que incluyen la deportación y la cárcel. Sin embargo, el equipo de Trump y aliados como Elon Musk han intensificado la presión para aprobar la Ley SAVE, que exigiría una prueba documental de ciudadanía (como un pasaporte o certificado de nacimiento) para inscribirse en el censo.
Los críticos de la propuesta sostienen que esta «nacionalización» es una táctica de ingeniería electoral. Argumentan que exigir pasaportes —documento que casi la mitad de la población no tiene en regla— dificultaría el registro de millones de votantes estadounidenses legítimos, especialmente entre minorías y sectores de bajos recursos.
Un pulso constitucional ante las ‘Midterm’
La propuesta de Trump se produce en un momento de gran tensión política. Con los republicanos controlando actualmente la Cámara de Representantes y el Senado por márgenes estrechos, las elecciones de noviembre de 2026 se perfilan como la gran prueba de fuego para su administración. Mientras figuras republicanas como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, han mostrado cierta cautela recordando que la gestión electoral es competencia de los estados, el ala más dura del partido respalda la intervención federal para garantizar lo que denominan «integridad electoral».
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