El Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, adjudicó contratos por valor de 2,2 millones de euros, financiados con fondos europeos, a compañías vinculadas a una supuesta red de corrupción que investiga la Guardia Civil. El Confidencial señala que las empresas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), asociadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García, fueron beneficiarias de contratos durante la presente legislatura.
Una de las adjudicaciones destacadas ocurrió el 14 de enero, cuando la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, concedió a una unión temporal entre Grulop 21 y OPR un contrato valorado en más de dos millones de euros para la construcción de una pasarela peatonal en la GR-30 (Granada), en el marco del Plan de Recuperación impulsado con fondos Next Generation. Aunque la propuesta técnica de la competidora Vilor Infraestructuras fue mejor, la oferta económica de la UTE fue el factor decisivo para la concesión.
El caso presenta controversia debido a que el Tribunal Supremo ya disponía en ese momento de documentos entregados por el comisionista Víctor de Aldama que vinculaban a OPR con el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos. No obstante, el ministro Puente restó importancia a esta información, calificándola despectivamente de «un papeluco». Más adelante, la Unidad Central Operativa (UCO) corroboró muchas de estas acusaciones en su investigación.
Otra adjudicación controvertida fue la ampliación, por casi 290.000 euros, de un contrato previamente otorgado a Levantina Ingeniería y Construcción, en colaboración con Diez y Compañía, destinado a mitigar el ruido en la autovía A-42 en su tramo por Getafe. Esta modificación fue aprobada el 19 de diciembre de 2024 y elevó el presupuesto total a cerca de dos millones de euros, también con financiación europea.
Las conexiones entre estas compañías y los principales investigados son múltiples. OPR, dirigida por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantenía vínculos directos con Koldo García desde al menos 2018. Intercepciones telefónicas revelan que Daniel Fernández solicitó la intermediación de Koldo para obtener contratos y facilitó el empleo de la esposa de este en una empresa, sin que esta acudiera al lugar de trabajo.
Un tercer proyecto bajo investigación, valorado en 7,3 millones de euros y adjudicado en Asturias, generó una reacción positiva entre los implicados. En un chat interno, la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, expresó: “Parece que hemos hecho bingo en Asturias”. Actualmente, Arce trabaja en la entidad pública SEITT.
Por su parte, Levantina Ingeniería y Construcción aparece de forma recurrente en los informes de la UCO y en la documentación proporcionada por Aldama al Supremo. Su propietario, José Ruz, mantenía contacto directo con Ábalos y Koldo, a quien supuestamente abonaba 1.100 euros mensuales. Según las pesquisas, esta empresa obtuvo contratos por un total de 128 millones de euros durante la gestión de Ábalos, incluyendo uno vinculado al Club de Natación de Sevilla, donde Aldama habría percibido una comisión. LIC también figura entre los adjudicatarios del Gobierno canario de Ángel Víctor Torres.
La investigación sigue en curso y podría ampliar su alcance dentro de la administración central, mientras la atención de la UCO se centra ahora en el periodo en que Óscar Puente estuvo al frente del Ministerio de Transportes.
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