Los inmigrantes irregulares evitan los espacios públicos en las grandes ciudades debido al incremento de controles de identidad previos a la próxima regularización masiva
La comunidad de ciudadanos marroquíes en situación irregular está alterando sus hábitos en espacios públicos de España, especialmente en Madrid. Según informaciones publicadas por el diario «Assabah», muchos optan por reducir su presencia en la vía pública ante el temor a ser sometidos a controles policiales, arrestos o posibles procesos de expulsión.
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Intensificación en las medidas de extradición y cooperación policial
Esta situación responde a un aumento de los controles realizados por las autoridades españolas. De acuerdo con las fuentes consultadas, al menos 120 ciudadanos marroquíes sin documentación están actualmente sujetos a procedimientos de expulsión. Estas acciones forman parte de una estrategia de las fuerzas de seguridad para deportar a inmigrantes irregulares en el marco de una colaboración bilateral.
Los procesos de deportación también se están focalizando prioritariamente en ciudadanos marroquíes implicados en delitos penales. La gravedad de los crímenes cometidos y la existencia de casos judiciales abiertos en España han provocado una coordinación estrecha con las autoridades marroquíes para garantizar la ejecución de estas expulsiones.
Regularización masiva: escenario político complejo
El aumento en las operaciones de seguridad coincide con la inminente entrada en vigor, el próximo 20 de abril, de un decreto de regularización extraordinaria promovido por el Gobierno. Esta iniciativa, que estará vigente desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2026, permitirá la regularización de cerca de 500.000 personas que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025.
En el marco de esta medida, que facilitará permisos de residencia o trabajo por un año, numerosos ciudadanos marroquíes han comenzado a presentar sus solicitudes mediante despachos legales especializados, asegurándose de cumplir las condiciones establecidas para evitar exclusiones del proceso.
No obstante, esta política ha generado críticas tanto a nivel nacional como europeo:
• Unión Europea: Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración, expresó su preocupación por el posible «efecto llamada» que esta medida podría ocasionar, considerándolo incompatible con la política migratoria común.
• Oposición: El Partido Popular manifestó su rechazo a la operación y ha elevado sus quejas ante las instituciones europeas.
La simultaneidad entre el proceso de regularización y el aumento de los controles ha provocado incertidumbre en la comunidad marroquí, que percibe las detenciones como un obstáculo para acogerse a la nueva normativa.
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