Madrid — La investigación relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha tomado un rumbo inesperado vinculado a la seguridad nacional y la diplomacia de alto nivel. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, examina si la red criminal supuestamente conectada con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pudo influir en decisiones estratégicas del Estado, incluyendo la liberación de presos políticos en Venezuela y la intervención de agentes del Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) para facilitar la salida del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en septiembre de 2024.
Esta vertiente del caso está incluida en los autos del magistrado desde que asumió la causa a principios de marzo, después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid declinara su competencia. Anteriormente, dicho juzgado había ordenado la detención del exdirector de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y del empresario Julio Martínez Martínez, señalado por los investigadores como posible «testaferro» de Zapatero.
El dato esencial: apuntes en una agenda corporativa
La nueva línea investigativa se originó a partir de registros policiales en la red. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incautaron una libreta negra con el logotipo oficial de ‘Plus Ultra, Líneas Aéreas’ llena de notas manuscritas.
Para el juez Calama, el contenido de este cuaderno va más allá de asuntos puramente privados y:
«Sugiere una posible intervención en decisiones estratégicas de interés público».
Entre los escritos más significativos figuran referencias directas a la excarcelación de individuos en Venezuela y a instrucciones operativas que coinciden con el periodo de la evacuación del opositor venezolano hacia España.
La evacuación de 2024 en el centro de la investigación
Edmundo González arribó a España el 8 de septiembre de 2024 en un vuelo oficial de las Fuerzas Aéreas españolas. Su traslado se realizó tras varios días refugiado en la residencia del embajador de España en Caracas, luego de las elecciones presidenciales controvertidas del 28 de julio.
En ese momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que la acción fue una operación diplomática y humanitaria solicitada por el propio González, a quien el gobierno venezolano otorgó un salvoconducto para volar a Madrid, donde está bajo protección de asilo político.
No obstante, las agendas confiscadas sugieren una nueva hipótesis judicial: que la dirección de Plus Ultra y los intermediarios vinculados a Zapatero gestionaron, a través de canales paralelos con el régimen de Nicolás Maduro, la organización del operativo y la activación de los servicios secretos del CNI en Venezuela.
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