La consejera de Hacienda atribuye a la impugnación presentada por los socialistas el retiro de los licitadores, lo que conllevó la pérdida de 2,5 millones de euros en fondos europeos. En respuesta, el socialista Sebastián Guerrero defiende que el recurso se interpuso para proteger el dinero público debido a la falta de claridad en el proyecto.
El debate sobre el proyecto destinado a establecer un albergue permanente para personas sin hogar en Ceuta ha generado un choque político durante la sesión de control del Gobierno en la Asamblea. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, culpó directamente al PSOE de bloquear el avance de esta iniciativa, una acusación que los representantes socialistas rechazaron rotundamente.
La discusión, que surgió tras una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, gira en torno a una inversión de 2,5 millones de euros provenientes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los plazos marcados por la Unión Europea y el litigio judicial
Chandiramani explicó que el Ejecutivo gestionó, mediante la sociedad pública Procesa, una licitación para la compra de un inmueble ya existente. Según la consejera, esta adquisición era la única opción técnica viable para cumplir con los estrictos plazos establecidos por las autoridades europeas, cuya fecha límite para la ejecución es el 31 de diciembre de 2026.
La titular de Hacienda sostuvo que el proceso se paralizó debido a la acción judicial de la oposición: «La licitación fue impugnada ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo por el PSOE», señaló, y añadió que esta impugnación creó inseguridad jurídica que llevó a las empresas a retirar sus ofertas. Al quedar desierto el concurso, la Ciudad Autónoma no pudo cumplir los hitos requeridos para la asignación de los fondos comunitarios.
El PSOE argumenta la fiscalización del gasto público
El portavoz del PSOE, Sebastián Guerrero, defendió la actuación de su partido y calificó de «injusto» que se le responsabilice por la gestión del Gobierno. Guerrero explicó que la impugnación se realizó para garantizar la transparencia: «Interpusimos el recurso porque no había claridad, se trataba de fondos públicos».
Además, criticó los constantes cambios en la estrategia del Gobierno local respecto a este servicio, que ha variado desde la construcción de un edificio nuevo, pasando por la compra de una propiedad existente, hasta la búsqueda actual de nuevas soluciones.
Propuesta temporal mediante hostales y pensiones
Mientras se trabaja en un proyecto alternativo para el albergue, Chandiramani indicó que la atención a este colectivo vulnerable continúa sin interrupción.
Actualmente, el servicio se ofrece mediante la contratación de plazas en hostales y pensiones de la ciudad, un recurso temporal utilizado por un total de 26 personas en este momento.
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