Documentos del Registro Mercantil indican que Maricarmen Abascal poseía «voz y voto» y la capacidad para llevar a cabo operaciones en una sociedad con 950 millones de pesetas de capital.
MADRID — María del Carmen Abascal, la persona cuyo caso fue utilizado por el Gobierno para promover el Real Decreto-ley de Vivienda, tenía amplias responsabilidades de gestión y decisión dentro del Consejo de Administración de JINUR SA, una empresa inmobiliaria que llegó a gestionar un capital social de 950 millones de pesetas (aproximadamente 5,7 millones de euros en aquel entonces).
De acuerdo con los estatutos de la empresa registrados en el Registro Mercantil de Madrid, la fallecida no solo cumplía tareas administrativas de redacción de actas, sino que, en su rol de consejera, gozaba de plena autoridad para contratar y ejecutar operaciones con los recursos de la compañía.
Poder de decisión y plenos atribuciones
El estudio de la documentación mercantil revela diversos aspectos sobre el desempeño profesional de Abascal en el ámbito inmobiliario:
- Participación en la dirección: El artículo 27 de los estatutos de JINUR SA establece que los secretarios o vicesecretarios del consejo solo cuentan con derecho a voto si tienen la condición de consejeros, un cargo que ostentaba Maricarmen.
- Facultades para negociar: La nota simple del Registro Mercantil concede a los integrantes de este órgano la potestad para «realizar toda clase de actos y negocios» vinculados a los bienes inmuebles, fondos y valores de la sociedad, tanto en la administración ordinaria como en la extraordinaria.
- Actividad principal: La compañía se dedicaba a la compra, urbanización, parcelación y explotación posterior de propiedades en régimen de alquiler.
Un patrimonio significativo
La entidad donde Maricarmen Abascal ejerció como consejera —junto a FIEBA SA, otra empresa que compartía oficina en la calle Pradillo de Madrid— llegó a consolidar un importante patrimonio inmobiliario durante la década de 1990. Su capital social, ajustado a la inflación acumulada, sería equivalente hoy a más de 12 millones de euros.
Estos datos mercantiles aportan un perfil complementario acerca de quien fue un referente en el debate político sobre alquileres y desahucios, evidenciando que durante años formó parte del órgano directivo de una sociedad destacada en inversión y gestión inmobiliaria.
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