Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, enfrentará en 2026 un panorama judicial complejo que podría alcanzar a su círculo familiar, su partido y su Ejecutivo. Diferentes causas penales, en varias etapas de investigación y juzgamiento, se prolongarán a lo largo del año y probablemente más allá.
El caso más destacado es el relacionado con la adquisición de mascarillas durante la pandemia, cuyo juicio ante el Tribunal Supremo está previsto para febrero o marzo. La Fiscalía solicita penas que llegan hasta los 24 años para los acusados, entre ellos Koldo García, excolaborador cercano de José Luis Ábalos. Paralelamente, se investigan posibles irregularidades en contratos públicos vinculadas a Santos Cerdán y varios empresarios, mientras que la Audiencia Nacional mantiene abiertas investigaciones relacionadas que afectan a ex presidentes autonómicos y directivos de entidades públicas.
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Asimismo, se ha iniciado una pesquisa acerca de movimientos de dinero en Ferraz que podrían involucrar directamente al PSOE y posiblemente al propio Sánchez, aunque una auditoría externa encargada por el partido certifica la legalidad de esas operaciones. La Audiencia Nacional también sigue adelante con diligencias por un posible fraude de IVA en hidrocarburos, relacionado con la influencia política de Ábalos, y por la actuación de Leire Díez, considerada la «fontanera» del PSOE, quien habría buscado información sobre la UCO y la Fiscalía a favor del partido.
El entorno familiar del presidente tampoco está exento de investigaciones: su hermano David Sánchez tiene un juicio programado en mayo en Badajoz por la supuesta creación irregular de plazas públicas, y la llamada «Caso Begoña» examina a la esposa de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación derivados de su actividad profesional y académica.
Otras indagaciones, de carácter reservado, incluyen a la aerolínea Plus Ultra y un posible blanqueo de capitales vinculado a Venezuela, además del procedimiento más avanzado contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, cuyo fallo firme en el Tribunal Supremo está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional.
Al mismo tiempo, Sánchez aguarda la resolución del Tribunal de Justicia de la UE sobre la Ley de Amnistía. Un fallo adverso podría repercutir indirectamente en su investidura, mientras que una sentencia favorable podría dar pie a nuevas disputas jurídicas entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Con múltiples investigaciones abiertas y diversos niveles de avance, 2026 se presenta como un año clave para la estabilidad política y judicial del presidente del Gobierno y su entorno cercano.
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