El Ministerio de Defensa remitió a la Audiencia Nacional una versión reducida del documento que excluía que los servicios de Inteligencia alertaron a Moncloa sobre la avalancha y que Marruecos no intervino a pesar de conocer los preparativos.
En vísperas del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ministerio de Defensa entregó este miércoles a la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional una versión muy limitada de un nuevo informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que analizaba la entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta. Fuentes legales han confirmado que el departamento dirigido por Margarita Robles excluyó de la documentación la información clasificada que acreditaba que la inteligencia española advirtió al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el inminente riesgo de avalancha horas antes del suceso, así como que las autoridades marroquíes fueron informadas del gran número de personas preparadas para entrar y no actuaron para impedirlo.
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La entrega de este documento acortado al Juzgado Central de Instrucción número 3 se realizó alrededor de las 15:00 horas. El texto transmitido evitaba incluir los datos más delicados para el Gobierno en funciones y se limitaba a reproducir la información genérica desclasificada por el Consejo de Ministros en septiembre. Solo unas horas tras esta acción judicial, la dirección del PSOE comunicó de forma inesperada que Margarita Robles ocupará la segunda posición en la lista del partido por la Comunidad de Madrid para el 29-N, acompañando directamente a Pedro Sánchez. Esta decisión sorprendió a círculos políticos, dado que se suponía que la continuidad de Robles estaba descartada y se especuló incluso con su salida del Gobierno durante el verano pasado debido a sus notorios desacuerdos con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, relacionados con la gestión de Ceuta y sus críticas severas a Rabat.
El informe excluido: alertas previas y falta de respuesta intencionada desde Rabat
La jueza encargada del caso, María Tardón, había solicitado formalmente al CNI que identificara a los grupos o entidades con capacidad para organizar la movilización migratoria hacia Ceuta. La investigación pretendía esclarecer las conexiones entre los promotores digitales en redes sociales, las estructuras coordinadoras en el espigón y las autoridades superiores, además de requerir análisis de reconocimiento facial de los supuestos agentes marroquíes que facilitaron el paso masivo según los informes policiales del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).
No obstante, la versión entregada por el Ministerio de Defensa carecía de las revelaciones derivadas de escuchas, informantes y análisis sobre el terreno de los servicios de inteligencia. En el informe original, antes de la reducción ministerial, el CNI demostraba de manera concluyente dos puntos que Moncloa ha negado:
1. Alerta a Moncloa: La inteligencia española notificó al Ejecutivo de Sánchez con varias horas de antelación que un cruce masivo en la frontera de Ceuta estaba siendo preparado.
2. Inactividad de Marruecos: Las autoridades marroquíes tenían pleno conocimiento de los preparativos de la multitud para irrumpir en el espigón, pero permitieron voluntariamente esta alteración fronteriza.
Para evitar que esta información comprometida se diera a conocer en plena precampaña, Robles decidió no presentar el documento ante el Consejo de Ministros para solicitar formalmente su desclasificación y elaboró un informe basado en fuentes abiertas.
El respaldo de Sánchez y el procedimiento para solicitar la desclasificación
Tras confirmarse la designación de Robles en el segundo lugar de la candidatura madrileña a 44 días de las elecciones, Pedro Sánchez elogió públicamente a la ministra de Defensa. El presidente en funciones destacó la «amplia amistad» que mantienen tras compartir una década de «momentos complicados» y valoró como «sobresaliente» su gestión al frente del ministerio, poniendo fin así a varios meses de distanciamiento evidente.
A pesar de ello, la controversia judicial sigue abierta. Para obtener la información que el Ministerio de Defensa ha mantenido en secreto, la jueza Tardón puede solicitar formalmente la desclasificación al Consejo de Ministros. Sin embargo, este proceso administrativo requiere un análisis de Moncloa, lo que prolongará los plazos legales más allá de la fecha de las elecciones generales del 29 de noviembre, asegurando temporalmente la versión oficial del Gobierno frente al electorado.
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