Reparación histórica: Más de 544.000 descendientes de exiliados cuentan con la nacionalidad española aprobada

La llamada ‘Ley de Nietos’ ha recibido alrededor de 2,4 millones de solicitudes. El Gobierno sostiene que este procedimiento representa un acto de justicia ante las críticas de la oposición.

MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado un balance sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, indicando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han formalizado su solicitud de nacionalidad española. De estas peticiones, más de 544.700 han sido aprobadas y 306.000 personas figuran ya inscritas como ciudadanos españoles en los registros oficiales.

Según la información actualizada a 31 de marzo de este año, la gestión del proceso a nivel internacional ha sido sin precedentes: aproximadamente la mitad de las solicitudes (1,2 millones) se realizaron de manera presencial a través de las oficinas consulares de España distribuidas mundialmente.

Un instrumento para reparar el daño del exilio

Esta legislación, aprobada originalmente en 2022, fue concebida para facilitar la nacionalidad a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución durante la dictadura franquista.

De igual forma, la normativa resolvió dos situaciones históricas específicas:

• Pérdida de derechos por matrimonio: Facilita la adquisición de la nacionalidad para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la Constitución de 1978, perdieron automáticamente su ciudadanía al casarse con extranjeros.
• Continuidad familiar: Establece el procedimiento para que los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad según la Ley de Memoria Histórica de 2007 puedan también acceder a ella.

Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 —tras un periodo inicial de dos años y una prórroga de un año—, el Ministerio confirma que los expedientes presentados dentro del plazo siguen su curso administrativo normal.

Controversia política alrededor de la memoria democrática

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido la rigurosidad del procedimiento, describiéndolo como un proceso que garantiza los derechos y busca reparar las injusticias sufridas por personas que, debido a motivos ideológicos, políticos, creencias, orientación sexual o dificultades económicas, tuvieron que perder su identidad o documentación.

El informe oficial también refleja el debate político. El Gobierno ha criticado al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, por trivializar tanto la memoria democrática como los derechos reconocidos de las víctimas. Desde el Ejecutivo lamentan que la oposición reduzca este acto de reparación y justicia histórica a un asunto electoralista.

«El PP está dificultando el proceso», señalaron fuentes ministeriales, señalando que se intenta impedir el reconocimiento de quienes tienen derecho legítimo «a ser ciudadanos españoles en igualdad». Subrayaron que restaurar la nacionalidad a los descendientes de víctimas nunca debería considerarse un privilegio, sino un compromiso democrático.

La llamada ‘Ley de Nietos’ ha recibido alrededor de 2,4 millones de solicitudes. El Gobierno sostiene que este procedimiento representa un acto de justicia ante las críticas de la oposición.

MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado un balance sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, indicando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han formalizado su solicitud de nacionalidad española. De estas peticiones, más de 544.700 han sido aprobadas y 306.000 personas figuran ya inscritas como ciudadanos españoles en los registros oficiales.

Según la información actualizada a 31 de marzo de este año, la gestión del proceso a nivel internacional ha sido sin precedentes: aproximadamente la mitad de las solicitudes (1,2 millones) se realizaron de manera presencial a través de las oficinas consulares de España distribuidas mundialmente.

Un instrumento para reparar el daño del exilio

Esta legislación, aprobada originalmente en 2022, fue concebida para facilitar la nacionalidad a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución durante la dictadura franquista.

De igual forma, la normativa resolvió dos situaciones históricas específicas:

• Pérdida de derechos por matrimonio: Facilita la adquisición de la nacionalidad para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la Constitución de 1978, perdieron automáticamente su ciudadanía al casarse con extranjeros.
• Continuidad familiar: Establece el procedimiento para que los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad según la Ley de Memoria Histórica de 2007 puedan también acceder a ella.

Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 —tras un periodo inicial de dos años y una prórroga de un año—, el Ministerio confirma que los expedientes presentados dentro del plazo siguen su curso administrativo normal.

Controversia política alrededor de la memoria democrática

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido la rigurosidad del procedimiento, describiéndolo como un proceso que garantiza los derechos y busca reparar las injusticias sufridas por personas que, debido a motivos ideológicos, políticos, creencias, orientación sexual o dificultades económicas, tuvieron que perder su identidad o documentación.

El informe oficial también refleja el debate político. El Gobierno ha criticado al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, por trivializar tanto la memoria democrática como los derechos reconocidos de las víctimas. Desde el Ejecutivo lamentan que la oposición reduzca este acto de reparación y justicia histórica a un asunto electoralista.

«El PP está dificultando el proceso», señalaron fuentes ministeriales, señalando que se intenta impedir el reconocimiento de quienes tienen derecho legítimo «a ser ciudadanos españoles en igualdad». Subrayaron que restaurar la nacionalidad a los descendientes de víctimas nunca debería considerarse un privilegio, sino un compromiso democrático.

La llamada ‘Ley de Nietos’ ha recibido alrededor de 2,4 millones de solicitudes. El Gobierno sostiene que este procedimiento representa un acto de justicia ante las críticas de la oposición.

MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado un balance sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, indicando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han formalizado su solicitud de nacionalidad española. De estas peticiones, más de 544.700 han sido aprobadas y 306.000 personas figuran ya inscritas como ciudadanos españoles en los registros oficiales.

Según la información actualizada a 31 de marzo de este año, la gestión del proceso a nivel internacional ha sido sin precedentes: aproximadamente la mitad de las solicitudes (1,2 millones) se realizaron de manera presencial a través de las oficinas consulares de España distribuidas mundialmente.

Un instrumento para reparar el daño del exilio

Esta legislación, aprobada originalmente en 2022, fue concebida para facilitar la nacionalidad a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución durante la dictadura franquista.

De igual forma, la normativa resolvió dos situaciones históricas específicas:

• Pérdida de derechos por matrimonio: Facilita la adquisición de la nacionalidad para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la Constitución de 1978, perdieron automáticamente su ciudadanía al casarse con extranjeros.
• Continuidad familiar: Establece el procedimiento para que los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad según la Ley de Memoria Histórica de 2007 puedan también acceder a ella.

Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 —tras un periodo inicial de dos años y una prórroga de un año—, el Ministerio confirma que los expedientes presentados dentro del plazo siguen su curso administrativo normal.

Controversia política alrededor de la memoria democrática

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido la rigurosidad del procedimiento, describiéndolo como un proceso que garantiza los derechos y busca reparar las injusticias sufridas por personas que, debido a motivos ideológicos, políticos, creencias, orientación sexual o dificultades económicas, tuvieron que perder su identidad o documentación.

El informe oficial también refleja el debate político. El Gobierno ha criticado al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, por trivializar tanto la memoria democrática como los derechos reconocidos de las víctimas. Desde el Ejecutivo lamentan que la oposición reduzca este acto de reparación y justicia histórica a un asunto electoralista.

«El PP está dificultando el proceso», señalaron fuentes ministeriales, señalando que se intenta impedir el reconocimiento de quienes tienen derecho legítimo «a ser ciudadanos españoles en igualdad». Subrayaron que restaurar la nacionalidad a los descendientes de víctimas nunca debería considerarse un privilegio, sino un compromiso democrático.

La llamada ‘Ley de Nietos’ ha recibido alrededor de 2,4 millones de solicitudes. El Gobierno sostiene que este procedimiento representa un acto de justicia ante las críticas de la oposición.

MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado un balance sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, indicando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han formalizado su solicitud de nacionalidad española. De estas peticiones, más de 544.700 han sido aprobadas y 306.000 personas figuran ya inscritas como ciudadanos españoles en los registros oficiales.

Según la información actualizada a 31 de marzo de este año, la gestión del proceso a nivel internacional ha sido sin precedentes: aproximadamente la mitad de las solicitudes (1,2 millones) se realizaron de manera presencial a través de las oficinas consulares de España distribuidas mundialmente.

Un instrumento para reparar el daño del exilio

Esta legislación, aprobada originalmente en 2022, fue concebida para facilitar la nacionalidad a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución durante la dictadura franquista.

De igual forma, la normativa resolvió dos situaciones históricas específicas:

• Pérdida de derechos por matrimonio: Facilita la adquisición de la nacionalidad para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la Constitución de 1978, perdieron automáticamente su ciudadanía al casarse con extranjeros.
• Continuidad familiar: Establece el procedimiento para que los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad según la Ley de Memoria Histórica de 2007 puedan también acceder a ella.

Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 —tras un periodo inicial de dos años y una prórroga de un año—, el Ministerio confirma que los expedientes presentados dentro del plazo siguen su curso administrativo normal.

Controversia política alrededor de la memoria democrática

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido la rigurosidad del procedimiento, describiéndolo como un proceso que garantiza los derechos y busca reparar las injusticias sufridas por personas que, debido a motivos ideológicos, políticos, creencias, orientación sexual o dificultades económicas, tuvieron que perder su identidad o documentación.

El informe oficial también refleja el debate político. El Gobierno ha criticado al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, por trivializar tanto la memoria democrática como los derechos reconocidos de las víctimas. Desde el Ejecutivo lamentan que la oposición reduzca este acto de reparación y justicia histórica a un asunto electoralista.

«El PP está dificultando el proceso», señalaron fuentes ministeriales, señalando que se intenta impedir el reconocimiento de quienes tienen derecho legítimo «a ser ciudadanos españoles en igualdad». Subrayaron que restaurar la nacionalidad a los descendientes de víctimas nunca debería considerarse un privilegio, sino un compromiso democrático.

La llamada ‘Ley de Nietos’ ha recibido alrededor de 2,4 millones de solicitudes. El Gobierno sostiene que este procedimiento representa un acto de justicia ante las críticas de la oposición.

MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado un balance sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, indicando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han formalizado su solicitud de nacionalidad española. De estas peticiones, más de 544.700 han sido aprobadas y 306.000 personas figuran ya inscritas como ciudadanos españoles en los registros oficiales.

Según la información actualizada a 31 de marzo de este año, la gestión del proceso a nivel internacional ha sido sin precedentes: aproximadamente la mitad de las solicitudes (1,2 millones) se realizaron de manera presencial a través de las oficinas consulares de España distribuidas mundialmente.

Un instrumento para reparar el daño del exilio

Esta legislación, aprobada originalmente en 2022, fue concebida para facilitar la nacionalidad a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución durante la dictadura franquista.

De igual forma, la normativa resolvió dos situaciones históricas específicas:

• Pérdida de derechos por matrimonio: Facilita la adquisición de la nacionalidad para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la Constitución de 1978, perdieron automáticamente su ciudadanía al casarse con extranjeros.
• Continuidad familiar: Establece el procedimiento para que los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad según la Ley de Memoria Histórica de 2007 puedan también acceder a ella.

Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 —tras un periodo inicial de dos años y una prórroga de un año—, el Ministerio confirma que los expedientes presentados dentro del plazo siguen su curso administrativo normal.

Controversia política alrededor de la memoria democrática

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido la rigurosidad del procedimiento, describiéndolo como un proceso que garantiza los derechos y busca reparar las injusticias sufridas por personas que, debido a motivos ideológicos, políticos, creencias, orientación sexual o dificultades económicas, tuvieron que perder su identidad o documentación.

El informe oficial también refleja el debate político. El Gobierno ha criticado al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, por trivializar tanto la memoria democrática como los derechos reconocidos de las víctimas. Desde el Ejecutivo lamentan que la oposición reduzca este acto de reparación y justicia histórica a un asunto electoralista.

«El PP está dificultando el proceso», señalaron fuentes ministeriales, señalando que se intenta impedir el reconocimiento de quienes tienen derecho legítimo «a ser ciudadanos españoles en igualdad». Subrayaron que restaurar la nacionalidad a los descendientes de víctimas nunca debería considerarse un privilegio, sino un compromiso democrático.

La llamada ‘Ley de Nietos’ ha recibido alrededor de 2,4 millones de solicitudes. El Gobierno sostiene que este procedimiento representa un acto de justicia ante las críticas de la oposición.

MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado un balance sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, indicando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han formalizado su solicitud de nacionalidad española. De estas peticiones, más de 544.700 han sido aprobadas y 306.000 personas figuran ya inscritas como ciudadanos españoles en los registros oficiales.

Según la información actualizada a 31 de marzo de este año, la gestión del proceso a nivel internacional ha sido sin precedentes: aproximadamente la mitad de las solicitudes (1,2 millones) se realizaron de manera presencial a través de las oficinas consulares de España distribuidas mundialmente.

Un instrumento para reparar el daño del exilio

Esta legislación, aprobada originalmente en 2022, fue concebida para facilitar la nacionalidad a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución durante la dictadura franquista.

De igual forma, la normativa resolvió dos situaciones históricas específicas:

• Pérdida de derechos por matrimonio: Facilita la adquisición de la nacionalidad para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la Constitución de 1978, perdieron automáticamente su ciudadanía al casarse con extranjeros.
• Continuidad familiar: Establece el procedimiento para que los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad según la Ley de Memoria Histórica de 2007 puedan también acceder a ella.

Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 —tras un periodo inicial de dos años y una prórroga de un año—, el Ministerio confirma que los expedientes presentados dentro del plazo siguen su curso administrativo normal.

Controversia política alrededor de la memoria democrática

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido la rigurosidad del procedimiento, describiéndolo como un proceso que garantiza los derechos y busca reparar las injusticias sufridas por personas que, debido a motivos ideológicos, políticos, creencias, orientación sexual o dificultades económicas, tuvieron que perder su identidad o documentación.

El informe oficial también refleja el debate político. El Gobierno ha criticado al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, por trivializar tanto la memoria democrática como los derechos reconocidos de las víctimas. Desde el Ejecutivo lamentan que la oposición reduzca este acto de reparación y justicia histórica a un asunto electoralista.

«El PP está dificultando el proceso», señalaron fuentes ministeriales, señalando que se intenta impedir el reconocimiento de quienes tienen derecho legítimo «a ser ciudadanos españoles en igualdad». Subrayaron que restaurar la nacionalidad a los descendientes de víctimas nunca debería considerarse un privilegio, sino un compromiso democrático.

La llamada ‘Ley de Nietos’ ha recibido alrededor de 2,4 millones de solicitudes. El Gobierno sostiene que este procedimiento representa un acto de justicia ante las críticas de la oposición.

MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado un balance sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, indicando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han formalizado su solicitud de nacionalidad española. De estas peticiones, más de 544.700 han sido aprobadas y 306.000 personas figuran ya inscritas como ciudadanos españoles en los registros oficiales.

Según la información actualizada a 31 de marzo de este año, la gestión del proceso a nivel internacional ha sido sin precedentes: aproximadamente la mitad de las solicitudes (1,2 millones) se realizaron de manera presencial a través de las oficinas consulares de España distribuidas mundialmente.

Un instrumento para reparar el daño del exilio

Esta legislación, aprobada originalmente en 2022, fue concebida para facilitar la nacionalidad a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución durante la dictadura franquista.

De igual forma, la normativa resolvió dos situaciones históricas específicas:

• Pérdida de derechos por matrimonio: Facilita la adquisición de la nacionalidad para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la Constitución de 1978, perdieron automáticamente su ciudadanía al casarse con extranjeros.
• Continuidad familiar: Establece el procedimiento para que los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad según la Ley de Memoria Histórica de 2007 puedan también acceder a ella.

Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 —tras un periodo inicial de dos años y una prórroga de un año—, el Ministerio confirma que los expedientes presentados dentro del plazo siguen su curso administrativo normal.

Controversia política alrededor de la memoria democrática

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido la rigurosidad del procedimiento, describiéndolo como un proceso que garantiza los derechos y busca reparar las injusticias sufridas por personas que, debido a motivos ideológicos, políticos, creencias, orientación sexual o dificultades económicas, tuvieron que perder su identidad o documentación.

El informe oficial también refleja el debate político. El Gobierno ha criticado al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, por trivializar tanto la memoria democrática como los derechos reconocidos de las víctimas. Desde el Ejecutivo lamentan que la oposición reduzca este acto de reparación y justicia histórica a un asunto electoralista.

«El PP está dificultando el proceso», señalaron fuentes ministeriales, señalando que se intenta impedir el reconocimiento de quienes tienen derecho legítimo «a ser ciudadanos españoles en igualdad». Subrayaron que restaurar la nacionalidad a los descendientes de víctimas nunca debería considerarse un privilegio, sino un compromiso democrático.

La llamada ‘Ley de Nietos’ ha recibido alrededor de 2,4 millones de solicitudes. El Gobierno sostiene que este procedimiento representa un acto de justicia ante las críticas de la oposición.

MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado un balance sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, indicando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han formalizado su solicitud de nacionalidad española. De estas peticiones, más de 544.700 han sido aprobadas y 306.000 personas figuran ya inscritas como ciudadanos españoles en los registros oficiales.

Según la información actualizada a 31 de marzo de este año, la gestión del proceso a nivel internacional ha sido sin precedentes: aproximadamente la mitad de las solicitudes (1,2 millones) se realizaron de manera presencial a través de las oficinas consulares de España distribuidas mundialmente.

Un instrumento para reparar el daño del exilio

Esta legislación, aprobada originalmente en 2022, fue concebida para facilitar la nacionalidad a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución durante la dictadura franquista.

De igual forma, la normativa resolvió dos situaciones históricas específicas:

• Pérdida de derechos por matrimonio: Facilita la adquisición de la nacionalidad para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la Constitución de 1978, perdieron automáticamente su ciudadanía al casarse con extranjeros.
• Continuidad familiar: Establece el procedimiento para que los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad según la Ley de Memoria Histórica de 2007 puedan también acceder a ella.

Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 —tras un periodo inicial de dos años y una prórroga de un año—, el Ministerio confirma que los expedientes presentados dentro del plazo siguen su curso administrativo normal.

Controversia política alrededor de la memoria democrática

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido la rigurosidad del procedimiento, describiéndolo como un proceso que garantiza los derechos y busca reparar las injusticias sufridas por personas que, debido a motivos ideológicos, políticos, creencias, orientación sexual o dificultades económicas, tuvieron que perder su identidad o documentación.

El informe oficial también refleja el debate político. El Gobierno ha criticado al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, por trivializar tanto la memoria democrática como los derechos reconocidos de las víctimas. Desde el Ejecutivo lamentan que la oposición reduzca este acto de reparación y justicia histórica a un asunto electoralista.

«El PP está dificultando el proceso», señalaron fuentes ministeriales, señalando que se intenta impedir el reconocimiento de quienes tienen derecho legítimo «a ser ciudadanos españoles en igualdad». Subrayaron que restaurar la nacionalidad a los descendientes de víctimas nunca debería considerarse un privilegio, sino un compromiso democrático.