El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), ha evaluado negativamente a España por no haber avanzado en ninguna de las 19 recomendaciones emitidas desde 2019. La entidad demanda una reforma urgente en el régimen de aforamiento para los miembros del Gobierno y una regulación efectiva de los grupos de presión o lobbies.
Oficialmente, España es ya uno de los 15 países europeos que fracasan en la implementación de las normativas de transparencia y combate contra la corrupción dirigidas a altos cargos del Ejecutivo central y a las fuerzas de seguridad del Estado.
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El informe actualizado este martes por GRECO muestra que la cifra de países que no cumplen estas directrices ha aumentado de 11 a 15 desde finales de 2025, incorporando nuevas naciones tras las evaluaciones de marzo y junio.
El grupo de países incumplidores en Europa
España está en este grupo junto con otras naciones relevantes de la región:
Lista negra del GRECO (2026): Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia.
El análisis para España, divulgado inicialmente en agosto pasado, destacó que ninguna de las 19 recomendaciones formuladas desde 2019 se ha aplicado en su totalidad.
Tres ámbitos clave sin avances
Entre las recomendaciones, existen tres prioridades en las que España no ha conseguido progresar en los últimos siete años:
- Transparencia y control sobre los asesores del Gobierno: GRECO demanda que los asesores directos del Ejecutivo estén sujetos a las mismas normas estrictas de transparencia, idoneidad y seguridad que los ministros y secretarios de Estado.
- Eliminación del aforamiento para políticos: Se insiste en modificar cuanto antes el aforamiento judicial que protege a los miembros del Gobierno, evitando que esta figura obstaculice la actuación de la justicia ordinaria ante indicios fundados de corrupción.
- Regulación clara de los grupos de presión (lobbies): Se reclama establecer un marco normativo transparente que obligue a identificar a las personas que se reúnen con miembros del Gobierno o del Parlamento, así como a detallar los temas y objetivos tratados en dichas reuniones.
Presión y plazos internacionales
Ante la ausencia de resultados, Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, envió una carta al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instándole a adoptar “medidas concretas para lograr avances visibles lo antes posible”. El GRECO ha establecido como fecha límite finales de este año para que España implemente las reformas antes de un nuevo examen.
A pesar del contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en un foro de la OCDE celebrado este lunes la actuación de su Ejecutivo, señalando que han incorporado de manera activa las recomendaciones del GRECO en sus reformas nacionales. Además, destacó que “la cooperación internacional y el aprendizaje mutuo son fundamentales para construir instituciones resilientes, transparentes y responsables”.
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