El comisario principal José Ángel González ha presentado su dimisión irrevocable ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la aceptación de una querella que le imputa agresión sexual con penetración, coacciones y malversación.
Este martes 17 de febrero de 2026, la estructura directiva de la Policía Nacional enfrenta una crisis institucional sin precedentes. El director adjunto operativo (DAO) y segundo al mando del cuerpo, el comisario principal José Ángel González, anunció su renuncia inmediata después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid abrió diligencias contra él. La causa se inició a raíz de una querella de una agente que denuncia una agresión sexual ocurrida en abril de 2025.
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De acuerdo con el auto judicial, el juez David Maman ha convocado a González para declarar como investigado (querellado) el 17 de marzo. Ese mismo día, la denunciante ratificará su testimonio, que apunta a una relación marcada por una dinámica de «dominación y sumisión psicológica» sustentada en la disparidad de poder del DAO.
Detalles de la denuncia: orden oficial con fines ilegítimos
El escrito judicial describe un incidente ocurrido el 23 de abril de 2025. Según la agente, en servicio activo en la comisaría de Coslada, recibió instrucciones directas de González para salir de su puesto en un vehículo camuflado y trasladarse a una vivienda oficial del Ministerio del Interior. Allí, el DAO presuntamente perpetró la agresión sexual «con penetración», a pesar de la oposición «clara y tajante» de la víctima.
La acusación añade que, tras estos hechos, se desencadenó una campaña de acoso telefónico y coacciones por parte del denunciado y otros altos mandos, destinada a silenciar a la víctima mediante «beneficios laborales». Actualmente, la agente permanece en baja psicológica y tiene el armamento retirado debido al impacto emocional sufrido.
Un mando relevante en la gestión de Marlaska
José Ángel González, natural de La Rioja y nacido en 1959, ejerció como DAO desde octubre de 2018, siendo el principal mando operativo designado por el ministro Grande-Marlaska. Su continuidad generó polémica en noviembre de 2024 cuando el Gobierno modificó la ley para evitar su jubilación a los 65 años y permitir que permaneciera al frente del cuerpo.
Fuentes del Ministerio del Interior han afirmado que su dimisión busca «preservar la reputación de la institución». Sin embargo, sindicatos policiales como Jupol habían solicitado previamente su cese inmediato tras la divulgación de los graves cargos imputados, que comprenden coacciones, daños psicológicos y malversación de fondos públicos, vinculada al uso indebido de vehículos y recursos oficiales para cubrir el presunto delito.
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