El sistema RASFF de la Comisión Europea ha informado sobre la presencia ilegal de clorpirifos y ditiocarbamatos en un envío de chirivías. Aunque las concentraciones superaban hasta cinco veces los límites legales de estas sustancias neurotóxicas, el lote fue aprobado para su comercialización tras realizar los análisis necesarios.
Se ha registrado una nueva alerta en los controles fronterizos españoles. El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) notificó residuos de plaguicidas no autorizados en un cargamento de chirivías procedente de Marruecos. De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades sanitarias, el producto fue distribuido mediante intermediarios franceses antes de ser detectado en España.
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Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de dos sustancias químicas cuya concentración excedía significativamente los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos por la legislación comunitaria:
• Clorpirifos: concentración de 0,053 mg/kg, quintuplicando el límite legal de 0,01 mg/kg.
• Ditiocarbamatos: niveles de 0,83 mg/kg, frente al máximo permitido de 0,20 mg/kg.
Riesgos asociados a los pesticidas hallados
La presencia de estas sustancias es especialmente relevante por su toxicidad. El clorpirifos, un insecticida organofosforado, fue prohibido en la Unión Europea en 2019. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó que no existe un nivel seguro de exposición, asociando su uso a daños neurodegenerativos y problemas en el desarrollo cerebral infantil.
Por su parte, los ditiocarbamatos son fungicidas cuya exposición prolongada se vincula con alteraciones hormonales, afectando principalmente a la glándula tiroides.
Incongruencias en la supervisión fronteriza
A pesar de que se superaron los umbrales de seguridad y que el clorpirifos no está autorizado para uso en cultivos dentro de la UE, la comunicación oficial del sistema RASFF indica que el lote fue autorizado para su venta tras concluir el análisis correspondiente.
Este suceso vuelve a poner en evidencia la demanda de «reciprocidad» planteada por los agricultores españoles. Mientras en España se han retirado masivamente estos fitosanitarios para proteger la salud pública y el medio ambiente, los productos importados desde terceros países continúan mostrando residuos de compuestos prohibidos, lo que representa un reto constante para la seguridad alimentaria europea.
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