La jueza de Instrucción de Puerto del Rosario ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para un joven de 22 años, acusado de asesinar y descuartizar a su madre, Katty O., de 56 años y de nacionalidad belga. Los cargos incluyen asesinato con agravantes y estafa continuada.
Un delito con motivo económico
Según el auto judicial proporcionado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el móvil del crimen fue de índole económica. Las evidencias indican que el domingo 3 de mayo, el joven se dirigió a la vivienda de su madre con la intención de quitarle la vida para acceder a fondos que ella no quería entregarle.
Después de un enfrentamiento donde se usó una violencia extrema, el acusado supuestamente llevó a cabo las siguientes acciones:
- Robo de dinero: Realizó transferencias bancarias desde la cuenta de su madre hacia la suya propia por un total de 3.000 euros.
- Adquisición de herramientas: Parte del dinero fue destinado a la compra de una sierra radial y productos de limpieza a primera hora del día siguiente.
- Ocultación del cuerpo: Se presume que desmembró el cadáver, dispersando los restos en contenedores próximos y limpiando la escena del crimen. El cuerpo fue encontrado el viernes siguiente en un vertedero, tras cinco días de ausencia.
Evidencias claras y signos de planificación
La jueza afirma que no se trató de un acto impulsivo influenciado por drogas, como sostiene la defensa, sino que existió una preparación previa. Las pruebas reunidas incluyen:
- Grabaciones de cámaras de seguridad y movimientos bancarios.
- Recibos de compra de las herramientas empleadas.
- Hallazgos durante la inspección de la vivienda y del vertedero.
- Declaraciones del propio acusado.
El auto también señala la posible implicación de una tercera persona que aún no ha sido plenamente identificada.
Calificación legal y riesgo de evasión
La magistrada considera que los hechos revisten extrema gravedad, señalando indicios de agravantes como alevosía y ensañamiento, además de la intención de facilitar otro delito, la estafa.
Dado que las penas podrían llegar hasta los 25 años de prisión y ante el evidente peligro de fuga debido a su escaso arraigo familiar y laboral tras el suceso, se ha decidido que el acusado permanezca en prisión durante la etapa de instrucción y mientras se buscan algunas herramientas del crimen que aún no han sido encontradas.
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