El Gobierno portugués y la empresa gestora REN intentan evitar la dependencia del sistema energético español para abastecer sus centros de datos frente al riesgo de apagones continuados en la próxima década.
El Ejecutivo portugués, en colaboración con la gestora de la red eléctrica nacional (REN), ha retomado los planes para desarrollar una conexión eléctrica de alta tensión con Marruecos, con la finalidad de disponer de una fuente energética alternativa desde el país norteafricano. Esta iniciativa responde a la identificación de graves problemas de suficiencia en el sistema eléctrico portugués a partir del año 2028. De acuerdo con los informes nacionales de adecuación de recursos aprobados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), la pérdida estimada de carga (LOLE) en Portugal superará ampliamente los límites de seguridad establecidos en 1,46 horas anuales, llegando a 1,71 horas en 2028, 8,29 horas en 2030 y alcanzando un nivel crítico de 68,3 horas de apagones en 2035.
La causa principal de este déficit energético está en el incremento sustancial de la demanda industrial y tecnológica prevista para los próximos años en Portugal. A inicios de 2026, las solicitudes formales para acceso a la red suman 41 gigavatios (GW) de potencia, de los cuales alrededor de 13,8 GW corresponden a proyectos con gran consumo energético, como grandes centros de datos e instalaciones industriales ya con permisos o procesos avanzados. Este aumento de demanda contrasta con la desaceleración en la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos, cuyo ritmo actual es la mitad del previsto en los planes comunitarios de transición ecológica.
Esta solución proyectada posee una importancia geopolítica destacada en el contexto de las relaciones fronterizas y la reciente crisis migratoria en Ceuta. Actualmente, Portugal opera como una isla energética, dependiendo exclusivamente de la red española para conectarse con Europa, con un refuerzo en julio mediante el enlace Galicia-Norte de Portugal, que eleva la capacidad de intercambio a 4.200 megavatios (MW). No obstante, las autoridades portuguesas muestran recelo ante la dependencia total de la capacidad exportadora española en periodos de estrés térmico o hídrico, especialmente dada la incertidumbre sobre futuras subastas de capacidad y el cierre programado de centrales nucleares como Almaraz en la próxima década.
El acuerdo entre Portugal y Marruecos busca obtener apoyo económico e institucional de la Comisión Europea para incluir esta infraestructura como proyecto estratégico transfronterizo y acceder a financiación comunitaria, además de atraer inversión privada que reduzca una estimación inicial de coste de 800 millones de euros. Se contempla tanto la instalación de un cable submarino directo que garantice autonomía respecto a la península ibérica, como el uso de enlaces existentes entre España y Marruecos. Sin embargo, Bruselas y ACER han señalado a las autoridades portuguesas que esta infraestructura no solucionará por sí sola los problemas de suministro sin un amplio despliegue de sistemas de almacenamiento en baterías y centrales de respaldo nacionales.
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La causa principal de este déficit energético está en el incremento sustancial de la demanda industrial y tecnológica prevista para los próximos años en Portugal. A inicios de 2026, las solicitudes formales para acceso a la red suman 41 gigavatios (GW) de potencia, de los cuales alrededor de 13,8 GW corresponden a proyectos con gran consumo energético, como grandes centros de datos e instalaciones industriales ya con permisos o procesos avanzados. Este aumento de demanda contrasta con la desaceleración en la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos, cuyo ritmo actual es la mitad del previsto en los planes comunitarios de transición ecológica.
Esta solución proyectada posee una importancia geopolítica destacada en el contexto de las relaciones fronterizas y la reciente crisis migratoria en Ceuta. Actualmente, Portugal opera como una isla energética, dependiendo exclusivamente de la red española para conectarse con Europa, con un refuerzo en julio mediante el enlace Galicia-Norte de Portugal, que eleva la capacidad de intercambio a 4.200 megavatios (MW). No obstante, las autoridades portuguesas muestran recelo ante la dependencia total de la capacidad exportadora española en periodos de estrés térmico o hídrico, especialmente dada la incertidumbre sobre futuras subastas de capacidad y el cierre programado de centrales nucleares como Almaraz en la próxima década.
El acuerdo entre Portugal y Marruecos busca obtener apoyo económico e institucional de la Comisión Europea para incluir esta infraestructura como proyecto estratégico transfronterizo y acceder a financiación comunitaria, además de atraer inversión privada que reduzca una estimación inicial de coste de 800 millones de euros. Se contempla tanto la instalación de un cable submarino directo que garantice autonomía respecto a la península ibérica, como el uso de enlaces existentes entre España y Marruecos. Sin embargo, Bruselas y ACER han señalado a las autoridades portuguesas que esta infraestructura no solucionará por sí sola los problemas de suministro sin un amplio despliegue de sistemas de almacenamiento en baterías y centrales de respaldo nacionales.
El Gobierno portugués y la empresa gestora REN intentan evitar la dependencia del sistema energético español para abastecer sus centros de datos frente al riesgo de apagones continuados en la próxima década.
El Ejecutivo portugués, en colaboración con la gestora de la red eléctrica nacional (REN), ha retomado los planes para desarrollar una conexión eléctrica de alta tensión con Marruecos, con la finalidad de disponer de una fuente energética alternativa desde el país norteafricano. Esta iniciativa responde a la identificación de graves problemas de suficiencia en el sistema eléctrico portugués a partir del año 2028. De acuerdo con los informes nacionales de adecuación de recursos aprobados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), la pérdida estimada de carga (LOLE) en Portugal superará ampliamente los límites de seguridad establecidos en 1,46 horas anuales, llegando a 1,71 horas en 2028, 8,29 horas en 2030 y alcanzando un nivel crítico de 68,3 horas de apagones en 2035.
La causa principal de este déficit energético está en el incremento sustancial de la demanda industrial y tecnológica prevista para los próximos años en Portugal. A inicios de 2026, las solicitudes formales para acceso a la red suman 41 gigavatios (GW) de potencia, de los cuales alrededor de 13,8 GW corresponden a proyectos con gran consumo energético, como grandes centros de datos e instalaciones industriales ya con permisos o procesos avanzados. Este aumento de demanda contrasta con la desaceleración en la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos, cuyo ritmo actual es la mitad del previsto en los planes comunitarios de transición ecológica.
Esta solución proyectada posee una importancia geopolítica destacada en el contexto de las relaciones fronterizas y la reciente crisis migratoria en Ceuta. Actualmente, Portugal opera como una isla energética, dependiendo exclusivamente de la red española para conectarse con Europa, con un refuerzo en julio mediante el enlace Galicia-Norte de Portugal, que eleva la capacidad de intercambio a 4.200 megavatios (MW). No obstante, las autoridades portuguesas muestran recelo ante la dependencia total de la capacidad exportadora española en periodos de estrés térmico o hídrico, especialmente dada la incertidumbre sobre futuras subastas de capacidad y el cierre programado de centrales nucleares como Almaraz en la próxima década.
El acuerdo entre Portugal y Marruecos busca obtener apoyo económico e institucional de la Comisión Europea para incluir esta infraestructura como proyecto estratégico transfronterizo y acceder a financiación comunitaria, además de atraer inversión privada que reduzca una estimación inicial de coste de 800 millones de euros. Se contempla tanto la instalación de un cable submarino directo que garantice autonomía respecto a la península ibérica, como el uso de enlaces existentes entre España y Marruecos. Sin embargo, Bruselas y ACER han señalado a las autoridades portuguesas que esta infraestructura no solucionará por sí sola los problemas de suministro sin un amplio despliegue de sistemas de almacenamiento en baterías y centrales de respaldo nacionales.
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La causa principal de este déficit energético está en el incremento sustancial de la demanda industrial y tecnológica prevista para los próximos años en Portugal. A inicios de 2026, las solicitudes formales para acceso a la red suman 41 gigavatios (GW) de potencia, de los cuales alrededor de 13,8 GW corresponden a proyectos con gran consumo energético, como grandes centros de datos e instalaciones industriales ya con permisos o procesos avanzados. Este aumento de demanda contrasta con la desaceleración en la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos, cuyo ritmo actual es la mitad del previsto en los planes comunitarios de transición ecológica.
Esta solución proyectada posee una importancia geopolítica destacada en el contexto de las relaciones fronterizas y la reciente crisis migratoria en Ceuta. Actualmente, Portugal opera como una isla energética, dependiendo exclusivamente de la red española para conectarse con Europa, con un refuerzo en julio mediante el enlace Galicia-Norte de Portugal, que eleva la capacidad de intercambio a 4.200 megavatios (MW). No obstante, las autoridades portuguesas muestran recelo ante la dependencia total de la capacidad exportadora española en periodos de estrés térmico o hídrico, especialmente dada la incertidumbre sobre futuras subastas de capacidad y el cierre programado de centrales nucleares como Almaraz en la próxima década.
El acuerdo entre Portugal y Marruecos busca obtener apoyo económico e institucional de la Comisión Europea para incluir esta infraestructura como proyecto estratégico transfronterizo y acceder a financiación comunitaria, además de atraer inversión privada que reduzca una estimación inicial de coste de 800 millones de euros. Se contempla tanto la instalación de un cable submarino directo que garantice autonomía respecto a la península ibérica, como el uso de enlaces existentes entre España y Marruecos. Sin embargo, Bruselas y ACER han señalado a las autoridades portuguesas que esta infraestructura no solucionará por sí sola los problemas de suministro sin un amplio despliegue de sistemas de almacenamiento en baterías y centrales de respaldo nacionales.
