Los sindicatos policiales y las autoridades locales ponen en duda que las 6.000 plazas anunciadas por el Gobierno sean suficientes, mientras se incrementan los disturbios nocturnos y la tensión ciudadana en la ciudad autónoma.
La saturación y la tensión social en Ceuta persisten y se intensifican semanas después del flujo masivo ocurrido a finales de julio. El campamento provisional de Loma Margarita, ubicado en terrenos militares y con capacidad para unas 1.300 personas de origen subsahariano, refleja las dificultades logísticas que afronta la gestión local. Este espacio, formado por naves industriales de hormigón con techos metálicos y sin cerramientos laterales completos, tiene como objetivo separar a esta comunidad de los grupos magrebíes en otras áreas para evitar enfrentamientos violentos. Además, portavoces policiales consideran que la mayoría de estos migrantes solicitará asilo político debido a que proceden de países en situación de conflicto bélico.
La incertidumbre acerca del destino de miles de personas establecidas en asentamientos informales, como la playa del Trampolín, contrasta con las estimaciones del Ejecutivo central. Aunque el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, declaró recientemente que se habían producido más de 4.000 retornos voluntarios y 278 expulsiones, la falta de datos precisos sobre el total de filiaciones pendientes genera desconfianza en el Gobierno autonómico dirigido por Juan Jesús Vivas. La propuesta, mencionada por la Presidencia del Gobierno, de transformar estas infraestructuras de emergencia en centros permanentes ha preocupado a vecinos y entidades locales, quienes alertan sobre la posible transformación de la ciudad en un campamento permanente de refugiados al aire libre.
Los sindicatos de la Policía Nacional, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), señalan que el refuerzo destinado a la unidad de Extranjería sigue siendo insuficiente para acelerar los trámites y mantener la seguridad. Mientras tanto, la Secretaría de Estado de Migraciones busca más terrenos militares, entre ellos el acuartelamiento García Aldave, para aumentar la capacidad asistencial más allá de las 6.000 plazas comprometidas. La lentitud en los procedimientos de retorno está consolidando, según las autoridades locales, lo que califican claramente como una «cronificación» de la crisis migratoria.
Además de la saturación de los servicios sociales, se ha registrado un aumento de incidentes que alteran el orden público en zonas urbanas. En los días recientes, la Policía Nacional detuvo a un adulto por atacar con un arma blanca a un militar en el tramo entre Benzú y el Trampolín. Los incidentes nocturnos, principalmente en los barrios del Príncipe y los Rosales, mantienen a los servicios de emergencia en constante vigilancia, coincidiendo con pequeños incendios forestales en la zona de Monte Tortuga que requirieron la rápida acción de brigadas de extinción.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALLos sindicatos policiales y las autoridades locales ponen en duda que las 6.000 plazas anunciadas por el Gobierno sean suficientes, mientras se incrementan los disturbios nocturnos y la tensión ciudadana en la ciudad autónoma.
La saturación y la tensión social en Ceuta persisten y se intensifican semanas después del flujo masivo ocurrido a finales de julio. El campamento provisional de Loma Margarita, ubicado en terrenos militares y con capacidad para unas 1.300 personas de origen subsahariano, refleja las dificultades logísticas que afronta la gestión local. Este espacio, formado por naves industriales de hormigón con techos metálicos y sin cerramientos laterales completos, tiene como objetivo separar a esta comunidad de los grupos magrebíes en otras áreas para evitar enfrentamientos violentos. Además, portavoces policiales consideran que la mayoría de estos migrantes solicitará asilo político debido a que proceden de países en situación de conflicto bélico.
La incertidumbre acerca del destino de miles de personas establecidas en asentamientos informales, como la playa del Trampolín, contrasta con las estimaciones del Ejecutivo central. Aunque el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, declaró recientemente que se habían producido más de 4.000 retornos voluntarios y 278 expulsiones, la falta de datos precisos sobre el total de filiaciones pendientes genera desconfianza en el Gobierno autonómico dirigido por Juan Jesús Vivas. La propuesta, mencionada por la Presidencia del Gobierno, de transformar estas infraestructuras de emergencia en centros permanentes ha preocupado a vecinos y entidades locales, quienes alertan sobre la posible transformación de la ciudad en un campamento permanente de refugiados al aire libre.
Los sindicatos de la Policía Nacional, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), señalan que el refuerzo destinado a la unidad de Extranjería sigue siendo insuficiente para acelerar los trámites y mantener la seguridad. Mientras tanto, la Secretaría de Estado de Migraciones busca más terrenos militares, entre ellos el acuartelamiento García Aldave, para aumentar la capacidad asistencial más allá de las 6.000 plazas comprometidas. La lentitud en los procedimientos de retorno está consolidando, según las autoridades locales, lo que califican claramente como una «cronificación» de la crisis migratoria.
Además de la saturación de los servicios sociales, se ha registrado un aumento de incidentes que alteran el orden público en zonas urbanas. En los días recientes, la Policía Nacional detuvo a un adulto por atacar con un arma blanca a un militar en el tramo entre Benzú y el Trampolín. Los incidentes nocturnos, principalmente en los barrios del Príncipe y los Rosales, mantienen a los servicios de emergencia en constante vigilancia, coincidiendo con pequeños incendios forestales en la zona de Monte Tortuga que requirieron la rápida acción de brigadas de extinción.
Te puede interesar
Los sindicatos policiales y las autoridades locales ponen en duda que las 6.000 plazas anunciadas por el Gobierno sean suficientes, mientras se incrementan los disturbios nocturnos y la tensión ciudadana en la ciudad autónoma.
La saturación y la tensión social en Ceuta persisten y se intensifican semanas después del flujo masivo ocurrido a finales de julio. El campamento provisional de Loma Margarita, ubicado en terrenos militares y con capacidad para unas 1.300 personas de origen subsahariano, refleja las dificultades logísticas que afronta la gestión local. Este espacio, formado por naves industriales de hormigón con techos metálicos y sin cerramientos laterales completos, tiene como objetivo separar a esta comunidad de los grupos magrebíes en otras áreas para evitar enfrentamientos violentos. Además, portavoces policiales consideran que la mayoría de estos migrantes solicitará asilo político debido a que proceden de países en situación de conflicto bélico.
La incertidumbre acerca del destino de miles de personas establecidas en asentamientos informales, como la playa del Trampolín, contrasta con las estimaciones del Ejecutivo central. Aunque el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, declaró recientemente que se habían producido más de 4.000 retornos voluntarios y 278 expulsiones, la falta de datos precisos sobre el total de filiaciones pendientes genera desconfianza en el Gobierno autonómico dirigido por Juan Jesús Vivas. La propuesta, mencionada por la Presidencia del Gobierno, de transformar estas infraestructuras de emergencia en centros permanentes ha preocupado a vecinos y entidades locales, quienes alertan sobre la posible transformación de la ciudad en un campamento permanente de refugiados al aire libre.
Los sindicatos de la Policía Nacional, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), señalan que el refuerzo destinado a la unidad de Extranjería sigue siendo insuficiente para acelerar los trámites y mantener la seguridad. Mientras tanto, la Secretaría de Estado de Migraciones busca más terrenos militares, entre ellos el acuartelamiento García Aldave, para aumentar la capacidad asistencial más allá de las 6.000 plazas comprometidas. La lentitud en los procedimientos de retorno está consolidando, según las autoridades locales, lo que califican claramente como una «cronificación» de la crisis migratoria.
Además de la saturación de los servicios sociales, se ha registrado un aumento de incidentes que alteran el orden público en zonas urbanas. En los días recientes, la Policía Nacional detuvo a un adulto por atacar con un arma blanca a un militar en el tramo entre Benzú y el Trampolín. Los incidentes nocturnos, principalmente en los barrios del Príncipe y los Rosales, mantienen a los servicios de emergencia en constante vigilancia, coincidiendo con pequeños incendios forestales en la zona de Monte Tortuga que requirieron la rápida acción de brigadas de extinción.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALLos sindicatos policiales y las autoridades locales ponen en duda que las 6.000 plazas anunciadas por el Gobierno sean suficientes, mientras se incrementan los disturbios nocturnos y la tensión ciudadana en la ciudad autónoma.
La saturación y la tensión social en Ceuta persisten y se intensifican semanas después del flujo masivo ocurrido a finales de julio. El campamento provisional de Loma Margarita, ubicado en terrenos militares y con capacidad para unas 1.300 personas de origen subsahariano, refleja las dificultades logísticas que afronta la gestión local. Este espacio, formado por naves industriales de hormigón con techos metálicos y sin cerramientos laterales completos, tiene como objetivo separar a esta comunidad de los grupos magrebíes en otras áreas para evitar enfrentamientos violentos. Además, portavoces policiales consideran que la mayoría de estos migrantes solicitará asilo político debido a que proceden de países en situación de conflicto bélico.
La incertidumbre acerca del destino de miles de personas establecidas en asentamientos informales, como la playa del Trampolín, contrasta con las estimaciones del Ejecutivo central. Aunque el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, declaró recientemente que se habían producido más de 4.000 retornos voluntarios y 278 expulsiones, la falta de datos precisos sobre el total de filiaciones pendientes genera desconfianza en el Gobierno autonómico dirigido por Juan Jesús Vivas. La propuesta, mencionada por la Presidencia del Gobierno, de transformar estas infraestructuras de emergencia en centros permanentes ha preocupado a vecinos y entidades locales, quienes alertan sobre la posible transformación de la ciudad en un campamento permanente de refugiados al aire libre.
Los sindicatos de la Policía Nacional, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), señalan que el refuerzo destinado a la unidad de Extranjería sigue siendo insuficiente para acelerar los trámites y mantener la seguridad. Mientras tanto, la Secretaría de Estado de Migraciones busca más terrenos militares, entre ellos el acuartelamiento García Aldave, para aumentar la capacidad asistencial más allá de las 6.000 plazas comprometidas. La lentitud en los procedimientos de retorno está consolidando, según las autoridades locales, lo que califican claramente como una «cronificación» de la crisis migratoria.
Además de la saturación de los servicios sociales, se ha registrado un aumento de incidentes que alteran el orden público en zonas urbanas. En los días recientes, la Policía Nacional detuvo a un adulto por atacar con un arma blanca a un militar en el tramo entre Benzú y el Trampolín. Los incidentes nocturnos, principalmente en los barrios del Príncipe y los Rosales, mantienen a los servicios de emergencia en constante vigilancia, coincidiendo con pequeños incendios forestales en la zona de Monte Tortuga que requirieron la rápida acción de brigadas de extinción.
