Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, ha implantado una reestructuración significativa del Consell. Mantiene en sus cargos a varios de los consejeros más cuestionados después de la DANA, aunque con modificaciones en sus atribuciones.
Susana Camarero continuará como vicepresidenta, pero perderá la portavocía del Consell y dejará de dirigir la cartera de Servicios Sociales, que incluye la atención a personas mayores. Camarero ha sido llamada a declarar como testigo en la causa penal que investiga la DANA, relacionada con la muerte de 37 dependientes que utilizaban el servicio de teleasistencia.
En cuanto a José Antonio Rovira, también uno de los consejeros más controvertidos, cambiará sus funciones de Educación, Cultura y Universidades a las áreas de Economía y Hacienda. Rovira fue criticado por ausentarse durante la DANA y regresar a su domicilio en Alicante en plena emergencia.
Ruth Merino, que era la única consejera del gobierno anterior que no seguirá en su puesto, abandona Hacienda. Además, Pérez Llorca ha creado dos nuevas consejerías: Presidencia, encargada de reorganizar el personal heredado del mandato de Carlos Mazón, y Servicios Sociales, Infancia y Familia.
Con estos cambios, el presidente pretende mejorar la gestión y reorganizar las responsabilidades vinculadas a la atención de emergencias y servicios sociales, en un contexto en el que la gestión de la DANA continúa siendo motivo de discusión en la sociedad valenciana.
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