BARCELONA – El desarrollo del denominado ‘caso Negreira’ podría experimentar un cambio decisivo en el proceso judicial. Un reciente informe forense, al que varios medios han accedido, señala que José María Enríquez Negreira ha padecido un agravamiento notable de su enfermedad neurodegenerativa, y por ello, no está capacitado para enfrentar un procedimiento penal.
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), con 80 años, se sometió el 24 de marzo a una nueva evaluación médica en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, petición realizada por su defensa. Los peritos judiciales concluyeron que el investigado «no posee las facultades volitivas y cognitivas necesarias para comprender el alcance del proceso judicial».
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Progresivo deterioro clínico y psicométrico
En el informe forense enviado a la jueza encargada en Barcelona, se expone que Negreira padece un trastorno neurocognitivo mayor mixto que ha generado un «defecto cognitivo moderado». Los expertos destacan que tanto desde una perspectiva clínica como psicométrica, se observa un claro empeoramiento respecto a la evaluación previa, realizada en enero de 2024.
Entre las alteraciones detectadas, se resalta un grave deterioro en la memoria episódica, que compromete su habilidad para retener información reciente y lo coloca en una situación de alta vulnerabilidad frente a influencias externas.
Ante esta realidad, la defensa había señalado con anterioridad que el avance del alzhéimer impide que su representado cuente con las garantías constitucionales básicas para defenderse ante un tribunal.
Decisión pendiente sobre su exclusión del proceso
Con el informe pericial definitivo disponible, la decisión queda en manos de la jueza de instrucción en Barcelona, que probablemente ordenará en los próximos días la exclusión de Enríquez Negreira del procedimiento por presunta corrupción deportiva. Esta hipotética exclusión, motivada por razones de salud, no implica una absolución en cuanto al fondo del asunto, sino una suspensión temporal de su responsabilidad penal debido a su incapacidad para responder legalmente.
Se recuerda que la Fiscalía continúa investigando los pagos realizados por el FC Barcelona a empresas vinculadas a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, con un total que supera los 7,3 millones de euros durante casi dos décadas. El foco de la causa busca determinar si estas cantidades tuvieron como objetivo influir o desviar fondos en favor de árbitros para garantizar la neutralidad en los partidos, cuestión a la que el principal implicado ya no tendrá que responder judicialmente.
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