BARCELONA – La causa conocida como ‘caso Negreira’ podría experimentar un cambio procesal definitivo. Un informe forense actualizado, accesible para varios medios de comunicación, determina que José María Enríquez Negreira ha sufrido un deterioro notable en su enfermedad neurodegenerativa, por lo que no está capacitado para enfrentar un proceso penal.
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), de 80 años, se sometió el pasado 24 de marzo a una nueva evaluación médica en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, solicitada por su defensa. Los peritos judiciales concluyeron con claridad que el investigado «carece de las facultades cognitivas y volitivas necesarias para entender el alcance del procedimiento judicial».
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Deterioro clínico y psicométrico progresivo
El informe forense enviado a la jueza instructora de Barcelona expone que el exdirigente arbitral presenta un trastorno neurocognitivo mayor mixto, lo que se traduce en un «defecto cognitivo moderado». Los expertos resaltan que «se observa un empeoramiento evidente tanto en las pruebas psicométricas como en la evaluación clínica» respecto a la valoración previa realizada el 18 de enero de 2024.
Entre las limitaciones detectadas en los exámenes destaca una grave afectación en la memoria episódica, que compromete su capacidad para retener información reciente y lo coloca en una situación de alta vulnerabilidad frente a influencias externas.
Ante este escenario, la defensa ya había comunicado que el avance del alzhéimer impide que su representado disponga de las garantías constitucionales mínimas necesarias para responder ante un tribunal.
La jueza decidirá sobre su exclusión del proceso
Con el informe pericial definitivo disponible, la decisión queda en manos de la jueza instructora de Barcelona, quien probablemente emitirá en los próximos días una resolución para excluir a Enríquez Negreira de la causa por presunta corrupción deportiva. Esta posible exclusión por motivos de salud no implicaría una absolución formal relacionada con los hechos, sino una suspensión de su responsabilidad penal debido a su incapacidad para ser juzgado.
Cabe recordar que la Fiscalía continúa con la investigación sobre los pagos que el FC Barcelona efectuó a empresas vinculadas a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, que superaron los 7,3 millones de euros en casi veinte años. La investigación busca determinar si estas cantidades tenían como objetivo influir o desviar fondos en favor de los árbitros para asegurar la «neutralidad» en las decisiones arbitrales, aspecto que el principal implicado ya no enfrentará en sede judicial.
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