El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha retomado el debate en la Asamblea local sobre la situación de las Brigadas Verdes, cuyos empleados aún no han formalizado su incorporación a una empresa municipal.
En su más reciente intervención, el MDyC dirigió una interpelación al Ejecutivo local planteando diversas preguntas relacionadas con el compromiso para asegurar la estabilidad laboral de estas brigadas mediante su integración en una entidad pública.
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Los representantes de MDyC recuerdan que, gracias a sus gestiones, se incrementó el presupuesto destinado a la subvención de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV). Este incremento tuvo como objetivo mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y posibilitar su inclusión en el Convenio Colectivo Estatal de Jardinería, lo que se materializó a comienzos de este año.
Aun así, el MDyC insiste en obtener explicaciones sobre por qué, a solo dos meses para finalizar el año, no se ha concretado la incorporación formal de las Brigadas Verdes a una sociedad pública. «No sabemos qué falta para avanzar», expresan en un comunicado oficial.
Asimismo, el MDyC ha solicitado información acerca de si se ha contemplado la opción de agrupar a estos trabajadores en una compañía municipal específica y, en caso afirmativo, en qué fase se encuentra ese proceso y cuál sería la entidad implicada.
Desde el MDyC destacan la relevancia de esta medida, sobre todo considerando la proximidad del cierre de año y el inicio de 2026, y que aún no se ha cumplido la promesa reiterada del Ejecutivo de formalizar esta integración antes de que finalice el periodo.
El retraso genera incertidumbre y preocupación entre más de 120 familias que dependen de estos trabajadores, quienes precisan de protección, seguridad y estabilidad laboral, aspectos que solo se lograrían mediante la incorporación de las Brigadas Verdes a una sociedad pública.
Para concluir, el MDyC reitera la necesidad de que el Gobierno local avanze en el cumplimiento de los compromisos adquiridos para garantizar los derechos y condiciones laborales de estos empleados.
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