Las recientes críticas de Rabat hacia la política migratoria española, sus advertencias sobre posibles modificaciones en acuerdos bilaterales y su constante reivindicación sobre Ceuta y Melilla han generado un nuevo escenario de tensión. Pese a ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene la confianza en Marruecos, al que considera un socio estratégico, confiable y esencial para la cooperación en materia migratoria y de seguridad.
La crisis migratoria de Ceuta sigue siendo motivo de debate político tras la entrada no autorizada de miles de personas a esta ciudad autónoma. Después de ese evento, que implicó la llegada masiva de cerca de 80.000 personas según las cifras difundidas, el Gobierno español ha endurecido su discurso contra las redes de tráfico de personas y ha alertado sobre las consecuencias que enfrentan quienes intentan acceder ilegalmente al país, incluida la expulsión.
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No obstante, el tono empleado por el Ejecutivo hacia Marruecos, país fundamental en el control de la frontera sur española, ha sido distinto. En las últimas semanas, varios miembros del Gobierno han destacado la relación con Rabat como una alianza basada en la cooperación y la confianza, a pesar de las críticas formuladas por el país vecino.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró esta posición al ser preguntado sobre la posibilidad de que Marruecos revise o suspenda ciertos acuerdos con España, como los vinculados a extradiciones. El ministro afirmó que la colaboración bilateral ha sido “excepcional” y señaló que durante sus años al frente del ministerio ha percibido una relación fundamentada en la “confianza y la lealtad”.
Marlaska recordó la cooperación entre ambos gobiernos para afrontar distintas crisis, aunque su discurso se produce en un contexto marcado por episodios previos de tensión, como la crisis diplomática de 2021, cuando Marruecos redujo los controles fronterizos tras la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, lo que produjo la entrada de miles de personas a Ceuta.
En contraste con la posición diplomática del Gobierno central, la ministra de Defensa, Margarita Robles, adoptó un enfoque más firme al afirmar que Ceuta y Melilla son territorios españoles y que “no se tocan”. También el presidente Pedro Sánchez calificó la entrada masiva de migrantes como una seria violación de la integridad territorial española, aunque evitó responsabilizar directamente a Marruecos.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha mostrado una actitud más crítica. Aunque reconoce la importancia de la cooperación marroquí para gestionar la migración, especialmente para controlar la frontera y facilitar los retornos, ha advertido que no puede considerarse plenamente fiable a un país cuya actuación puede afectar la estabilidad de la ciudad autónoma.
Desde el Partido Popular también se han pedido respuestas más contundentes por parte del Ejecutivo español. Algunos dirigentes han reprochado una actitud excesivamente conciliadora con Marruecos y han defendido que la buena relación bilateral no debe impedir señalar públicamente responsabilidades en caso de conflicto.
Marruecos cuestiona la política migratoria española
Las declaraciones más duras han venido del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien ha puesto en duda la política migratoria española y ha sugerido revisar el acuerdo de extradición debido a supuestos problemas en la entrega de personas reclamadas por la justicia marroquí.
En una entrevista, Ouahbi criticó que España permita que algunos inmigrantes que entran irregularmente permanezcan mientras Marruecos destina recursos a impedir salidas hacia Europa. Según él, existe una contradicción entre las políticas de ambos países, pues las personas que intentan cruzar la frontera perciben que España finalmente acepta a quienes logran acceder.
El ministro planteó una pregunta dirigida al Gobierno español: si España está dispuesto a recibir inmigrantes, ¿por qué Marruecos debe impedir que intenten llegar a Europa saltando vallas fronterizas o por rutas marítimas peligrosas?
El Ejecutivo español no ha respondido directamente a estas afirmaciones, aunque ha reiterado en varias ocasiones que las personas que entren de forma irregular en Ceuta no permanecerán en la ciudad ni serán trasladadas automáticamente a la península, sino que estarán sujetas a los procedimientos que marca la legislación vigente.
Diferencias con la respuesta ante Italia
La gestión de la crisis migratoria también ha generado tensiones con Italia, sobre todo después de que representantes del Gobierno italiano propusieran medidas relacionadas con controles fronterizos dentro del espacio Schengen tras los hechos de Ceuta.
La respuesta española fue más severa en este caso. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano y criticó las declaraciones provenientes de Roma, mientras que el Gobierno español defendió la necesidad de evitar mensajes que pudieran fomentar la confrontación política.
Esta diferencia de trato entre Marruecos e Italia ha sido criticada por algunos sectores de la oposición, que consideran que el Ejecutivo español es más exigente con sus socios europeos que con el país vecino del sur.
Mientras continúan las negociaciones y la cooperación bilateral, la relación entre España y Marruecos se mantiene marcada por una combinación de intereses compartidos y conflictos recurrentes. La inmigración, la seguridad fronteriza y la cuestión territorial de Ceuta y Melilla persisten como los principales temas controversiales entre ambos países.
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