La intención de Marruecos de paralizar el convenio de extradición con España abre una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Este acuerdo, vigente desde hace casi treinta años, ha facilitado la entrega de numerosos fugitivos, aunque Rabat critica que España rechaza decenas de peticiones, lo que considera una falta de reciprocidad.
El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, anunció que su ministerio está analizando la opción de suspender la aplicación del convenio de extradición firmado con España, una medida que podría influir en uno de los órganos clave de cooperación judicial bilateral.
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Ouahbi expresó que Marruecos ha detectado casos que define como «incomprensibles» cuando reclama a España la entrega de personas solicitadas por la justicia marroquí. Indicó que, en algunas ocasiones, agentes marroquíes viajan a España para recibir a los detenidos, pero finalmente no se efectúa la entrega porque el implicado queda en libertad.
El titular de Justicia afirmó que hay una ausencia de reciprocidad entre las dos naciones y exigió a España un mayor compromiso con estos procesos. «Si España no respeta los procedimientos de entrega ni los de repatriación, podríamos suspender estos acuerdos», advirtió.
Esta posible suspensión pondría en riesgo un marco legal establecido durante casi tres décadas y que ha servido como un pilar en la colaboración judicial entre Madrid y Rabat.
Un convenio con casi treinta años de vigencia
La cooperación en extradición entre España y Marruecos se formalizó con el Convenio de Extradición firmado el 30 de mayo de 1997, vigente desde julio de 1999. Este primer acuerdo sentó las bases para la entrega de personas reclamadas por ambos gobiernos, estableciendo principios como la prohibición de extraditar a nacionales y la exclusión de delitos políticos.
Además, el convenio especificaba que los delitos vinculados al terrorismo no podían considerarse de carácter político, aspecto fundamental en la colaboración en materia de seguridad entre ambos estados.
Posteriormente, ambos países actualizaron este acuerdo con un tratado nuevo firmado en Rabat el 24 de junio de 2009, que reemplazó al anterior y que entró en vigor en septiembre de 2012 tras los procesos legales correspondientes.
El tratado actual fija las condiciones para que una persona pueda ser extraditada. En términos generales, exige que los hechos imputados conlleven penas mínimas de prisión: dos años en el caso de procesados y seis meses si hay sentencia firme.
A esto se suma que, en mayo de 2024, el Tribunal Constitucional español avaló las órdenes de detención emitidas por la Fiscalía marroquí, reconociendo así su validez dentro del sistema judicial de Marruecos.
Una suspensión impactaría en la cooperación penal
La abogada experta en extradiciones Miriam Rosales indica que una suspensión del acuerdo complicaría la cooperación judicial entre España y Marruecos, aunque no implicaría necesariamente el cese total de las entregas.
Explica que la extradición consta de dos fases: una judicial, en la que participan entidades como la Audiencia Nacional, y una política, donde el Gobierno puede decidir sobre la autorización final.
Rosales subraya que la extradición depende en gran medida de la voluntad de colaboración entre los Estados y que, incluso sin un acuerdo vigente, podrían mantenerse vías de cooperación basadas en el principio de reciprocidad.
No obstante, advierte que el principal desafío no es solo jurídico, sino diplomático, pues la ruptura del convenio indicaría un deterioro en la confianza mutua entre ambos países.
El acuerdo tiene una vigencia indefinida, pero una denuncia formal a través de canales diplomáticos no produciría efectos inmediatos: la suspensión efectiva exigiría un plazo de un año tras la notificación oficial.
98 extradiciones a Marruecos desde 2018
Las cifras reflejan la relevancia de la colaboración judicial bilateral. Entre 2018 y finales de junio, España aprobó la extradición de 838 personas reclamadas por países extracomunitarios.
De ese total, 98 entregas tuvieron como destino Marruecos, situándolo como el segundo país que más recibe extradiciones de España, detrás de Estados Unidos, que acumuló 105.
Sin embargo, Marruecos también lidera la lista de países con un mayor número de solicitudes rechazadas por España. Desde 2018, España ha rechazado 92 requerimientos de extradición procedentes de Rabat.
El Gobierno español explica que estas denegaciones suelen basarse en motivos legales como la ausencia de doble incriminación —cuando el hecho no es delito en ambos países—, la prescripción, la falta de una pena mínima, cuestiones de nacionalidad o casos ya juzgados.
Desde Marruecos consideran que estas decisiones reflejan un desequilibrio en la cooperación bilateral y demandan una mayor rapidez en los trámites.
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UNIRME GRATIS AL CANALPor el momento, Marruecos no ha concretado la suspensión del convenio, por lo que este mecanismo sigue vigente. No obstante, la amenaza añade una nueva fuente de tensión en una relación que combina una cooperación estratégica con desacuerdos recurrentes en temas como la inmigración, la seguridad y la cuestión territorial.
