Maricarmen Abascal, de 87 años, podrá retornar a su vivienda situada en Sainz de Baranda, 46, luego de un acuerdo alcanzado entre su abogada, el Sindicato de Inquilinas y la empresa Urbagestión. El contrato de arrendamiento, regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, tendrá una vigencia de hasta ocho años y establece que la renta no excederá el 30% de los ingresos netos de Maricarmen.
El convenio se obtuvo tras una reunión entre las partes involucradas y miembros de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. Ana de Miguel, consejera delegada de Urbagestión, confirmó que el contrato estará respaldado por el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que proporcionará asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal a Maricarmen, además de un seguro multirriesgo y contra impago para el propietario, con la EMVS como garante de los pagos.
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Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, señaló que todavía está pendiente la aprobación definitiva por parte de su clienta, que se encuentra ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Se espera que Maricarmen otorgue el visto bueno al acuerdo cuando sea informada y esté en condiciones de decidir.
El caso ha sido considerado «histórico» por Duro y Carolina Vilareño, portavoz del Sindicato de Inquilinas, quienes resaltaron la relevancia de la movilización social y sindical en la resolución del conflicto. Ambas promovieron que este tipo de mediaciones se instauren como una práctica regular en los conflictos relacionados con la vivienda.
El acuerdo, pendiente de la firma de Maricarmen, podría facilitar su regreso al hogar tan pronto como reciba el alta hospitalaria. La abogada Duro enfatizó la necesidad de que las entidades públicas desarrollen alternativas habitacionales antes de que se lleven a cabo desalojos.
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