La problemática habitacional afecta a numerosas grandes ciudades europeas, que han implementado variadas estrategias para abordarla. Viena destaca en Europa por su modelo de vivienda pública, vigente desde hace más de cien años. La ciudad dispone de aproximadamente 220.000 viviendas municipales y 200.000 cooperativas, posicionándola como la urbe con mayor proporción de vivienda pública en Europa.
Ámsterdam, una de las metrópolis con mayor coste habitacional en Europa, aplica desde hace casi diez años la norma 40-40-20. Esta distribución asigna un 40% de las nuevas viviendas al alquiler social, otro 40% a alquileres a precios moderados y el 20% restante se destina al mercado libre. Asimismo, la ciudad ha adoptado medidas contra la especulación, obligando a los propietarios a residir en sus nuevas viviendas y prohibiendo la compra de ciertos inmuebles para destinarlos al alquiler.
Berlín ha optado por acciones más contundentes, como la iniciativa de expropiación de viviendas gestionadas por grandes fondos de inversión, impulsada por el partido La Izquierda, Die Linke. Aunque el referéndum de 2021 no fue vinculante, mantuvo a la vivienda como un tema prioritario en la agenda política. A su vez, el Gobierno federal ha acelerado la aprobación de legislaciones que regulan estas prácticas.
Londres ha puesto en marcha la ley Renters’ Rights Act, que elimina los desalojos sin causa justificada y transforma la mayoría de los contratos privados en alquileres indefinidos. Además, iniciativas como London Living Rent ajustan los precios de los alquileres según los ingresos locales, ofreciendo opciones más accesibles frente al mercado libre.
En Copenhague, la estrategia se enfoca en la construcción de viviendas asequibles y en la aplicación del modelo Housing First, que considera el acceso a una vivienda como un derecho esencial. El sistema danés promueve la creación y mantenimiento de viviendas sociales para evitar que el acceso a un hogar dependa exclusivamente del mercado privado.
Finalmente, París estableció en 2019 un sistema que limita los alquileres privados según la ubicación y las características de la vivienda. Esta medida complementa otras políticas residenciales para mitigar la presión entre la oferta y la demanda en la capital francesa.
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