La Conferencia Episcopal Española (CEE) señala que la visita del Papa Francisco no estuvo sujeta a la firma del acuerdo con el Gobierno ni a la regularización de inmigrantes. «Fue una iniciativa promovida por los obispos, no una imposición desde el Vaticano», asegura García Magán.
La Iglesia en España ha respondido a las conjeturas que relacionaban el próximo viaje del Papa con recientes acuerdos políticos y sociales. El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, afirmó con claridad este jueves que la llegada del Pontífice y las conversaciones con el Ejecutivo han sido procesos autónomos e independientes.
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Tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, García Magán quiso despejar dudas sobre la posible existencia de un «intercambio de favores» entre la Santa Sede, los obispos y el Gobierno central.
Procesos simultáneos sin condicionamientos
Frente a las versiones que indicaban que el Vaticano habría condicionado la visita del Papa a avances en la reparación a las víctimas de abusos, el portavoz episcopal fue categórico:
«En ningún momento la visita estuvo ligada a esas cuestiones; ambos asuntos han avanzado en paralelo sin que uno condicionara al otro».
Asimismo, García Magán negó que la regularización extraordinaria de inmigrantes hubiera formado parte de un posible intercambio para asegurar la presencia del Santo Padre en España.
Independencia en el acuerdo sobre reparación
Respecto a la gestión de los abusos sexuales en la Iglesia, el secretario general desmintió que Roma hubiera presionado a la Iglesia española para aceptar la vía de reparación mediante el Defensor del Pueblo.
- Propuesta propia: Según la CEE, la iniciativa del plan de reparación fue fruto de un acuerdo entre los obispos españoles y la Conferencia Española de Religiosos (Confer).
- Aprobación de Roma: Aunque se informó a la Santa Sede, que mostró su aprobación, García Magán recalcó que «no es cierto que nos hayan obligado a firmar».
Un marco de normalidad institucional
Con estas declaraciones, la Conferencia Episcopal busca establecer un ambiente de normalidad institucional antes de la llegada del Papa, dejando claro que los compromisos en materia de abusos y migración responden a la iniciativa propia de la Iglesia local y no a una exigencia externa para facilitar la agenda pontificia.
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