Las ayudas aprobadas para autónomos y empresas en Ceuta asignan los montos según el tipo de beneficiario y no considerando el número de empleados, señala la Confederación de Empresarios de Ceuta.
Las subvenciones económicas establecidas para los negocios en Ceuta afectados por la situación económica causada por la llegada masiva de inmigrantes han suscitado un debate sobre los criterios empleados para determinar las cuantías. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) explica que el método no refleja con exactitud el impacto sufrido por cada empresa, ya que no considera aspectos como el número de trabajadores o los costos laborales.
El real decreto aprobado por el Ejecutivo fija ayudas de hasta 5.000 euros para autónomos y de hasta 10.000 euros para algunas sociedades. De acuerdo con CECE, esta diferencia puede provocar que empresas con mayor plantilla reciban menos dinero que otras con menos empleados.
Desde la organización empresarial destacan que el criterio principal se basa en distinguir entre autónomos y sociedades, sin valorar otros factores como el tamaño de la plantilla o la merma en la facturación. Como ejemplo, mencionan un autónomo con seis trabajadores y sin ingresos en agosto, cuyos costos de personal podrían superar los 8.000 euros, además de la Seguridad Social, que recibiría un máximo de 5.000 euros.
CECE solicita que las ayudas incorporen el número de empleados, los costos laborales y la disminución de ingresos para adecuarse al impacto económico real de cada negocio.
En medio del debate sobre el diseño de estas ayudas, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informó que desde la apertura del plazo el pasado lunes 14 de septiembre se han presentado 633 solicitudes de autónomos y empresas en Ceuta.
El Gobierno espera que la Agencia Tributaria comience a efectuar los primeros pagos a partir del 6 de octubre. El plazo para solicitar las ayudas estará abierto hasta el 30 de noviembre a través de la web de la Agencia Tributaria.
Además, el decreto incluye bonificaciones del 75% en la cuota empresarial a la Seguridad Social, una medida que, según detalló el ministro, también se aplica a ciertos contratos anteriores al decreto ley de 2023 relacionado con incentivos a la contratación laboral y mejoras en la protección social.
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Las subvenciones económicas establecidas para los negocios en Ceuta afectados por la situación económica causada por la llegada masiva de inmigrantes han suscitado un debate sobre los criterios empleados para determinar las cuantías. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) explica que el método no refleja con exactitud el impacto sufrido por cada empresa, ya que no considera aspectos como el número de trabajadores o los costos laborales.
El real decreto aprobado por el Ejecutivo fija ayudas de hasta 5.000 euros para autónomos y de hasta 10.000 euros para algunas sociedades. De acuerdo con CECE, esta diferencia puede provocar que empresas con mayor plantilla reciban menos dinero que otras con menos empleados.
Desde la organización empresarial destacan que el criterio principal se basa en distinguir entre autónomos y sociedades, sin valorar otros factores como el tamaño de la plantilla o la merma en la facturación. Como ejemplo, mencionan un autónomo con seis trabajadores y sin ingresos en agosto, cuyos costos de personal podrían superar los 8.000 euros, además de la Seguridad Social, que recibiría un máximo de 5.000 euros.
CECE solicita que las ayudas incorporen el número de empleados, los costos laborales y la disminución de ingresos para adecuarse al impacto económico real de cada negocio.
En medio del debate sobre el diseño de estas ayudas, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informó que desde la apertura del plazo el pasado lunes 14 de septiembre se han presentado 633 solicitudes de autónomos y empresas en Ceuta.
El Gobierno espera que la Agencia Tributaria comience a efectuar los primeros pagos a partir del 6 de octubre. El plazo para solicitar las ayudas estará abierto hasta el 30 de noviembre a través de la web de la Agencia Tributaria.
Además, el decreto incluye bonificaciones del 75% en la cuota empresarial a la Seguridad Social, una medida que, según detalló el ministro, también se aplica a ciertos contratos anteriores al decreto ley de 2023 relacionado con incentivos a la contratación laboral y mejoras en la protección social.
Las ayudas aprobadas para autónomos y empresas en Ceuta asignan los montos según el tipo de beneficiario y no considerando el número de empleados, señala la Confederación de Empresarios de Ceuta.
Las subvenciones económicas establecidas para los negocios en Ceuta afectados por la situación económica causada por la llegada masiva de inmigrantes han suscitado un debate sobre los criterios empleados para determinar las cuantías. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) explica que el método no refleja con exactitud el impacto sufrido por cada empresa, ya que no considera aspectos como el número de trabajadores o los costos laborales.
El real decreto aprobado por el Ejecutivo fija ayudas de hasta 5.000 euros para autónomos y de hasta 10.000 euros para algunas sociedades. De acuerdo con CECE, esta diferencia puede provocar que empresas con mayor plantilla reciban menos dinero que otras con menos empleados.
Desde la organización empresarial destacan que el criterio principal se basa en distinguir entre autónomos y sociedades, sin valorar otros factores como el tamaño de la plantilla o la merma en la facturación. Como ejemplo, mencionan un autónomo con seis trabajadores y sin ingresos en agosto, cuyos costos de personal podrían superar los 8.000 euros, además de la Seguridad Social, que recibiría un máximo de 5.000 euros.
CECE solicita que las ayudas incorporen el número de empleados, los costos laborales y la disminución de ingresos para adecuarse al impacto económico real de cada negocio.
En medio del debate sobre el diseño de estas ayudas, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informó que desde la apertura del plazo el pasado lunes 14 de septiembre se han presentado 633 solicitudes de autónomos y empresas en Ceuta.
El Gobierno espera que la Agencia Tributaria comience a efectuar los primeros pagos a partir del 6 de octubre. El plazo para solicitar las ayudas estará abierto hasta el 30 de noviembre a través de la web de la Agencia Tributaria.
Además, el decreto incluye bonificaciones del 75% en la cuota empresarial a la Seguridad Social, una medida que, según detalló el ministro, también se aplica a ciertos contratos anteriores al decreto ley de 2023 relacionado con incentivos a la contratación laboral y mejoras en la protección social.
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El real decreto aprobado por el Ejecutivo fija ayudas de hasta 5.000 euros para autónomos y de hasta 10.000 euros para algunas sociedades. De acuerdo con CECE, esta diferencia puede provocar que empresas con mayor plantilla reciban menos dinero que otras con menos empleados.
Desde la organización empresarial destacan que el criterio principal se basa en distinguir entre autónomos y sociedades, sin valorar otros factores como el tamaño de la plantilla o la merma en la facturación. Como ejemplo, mencionan un autónomo con seis trabajadores y sin ingresos en agosto, cuyos costos de personal podrían superar los 8.000 euros, además de la Seguridad Social, que recibiría un máximo de 5.000 euros.
CECE solicita que las ayudas incorporen el número de empleados, los costos laborales y la disminución de ingresos para adecuarse al impacto económico real de cada negocio.
En medio del debate sobre el diseño de estas ayudas, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informó que desde la apertura del plazo el pasado lunes 14 de septiembre se han presentado 633 solicitudes de autónomos y empresas en Ceuta.
El Gobierno espera que la Agencia Tributaria comience a efectuar los primeros pagos a partir del 6 de octubre. El plazo para solicitar las ayudas estará abierto hasta el 30 de noviembre a través de la web de la Agencia Tributaria.
Además, el decreto incluye bonificaciones del 75% en la cuota empresarial a la Seguridad Social, una medida que, según detalló el ministro, también se aplica a ciertos contratos anteriores al decreto ley de 2023 relacionado con incentivos a la contratación laboral y mejoras en la protección social.
