El PP afirma que la tutela de los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta tras la masiva entrada del 30 de julio debe ser responsabilidad del Estado, mientras que el Gobierno defiende que es competencia de la ciudad autónoma.
Las discrepancias entre el Partido Popular y el Gobierno central sobre quién debe encargarse de la tutela de los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta el pasado 30 de julio persisten. Ambas partes sostienen posturas contrapuestas al respecto.
Según el PP, la responsabilidad recae en el Gobierno central y no en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Argumentan que estos menores arribaron en un contexto que califican como una acción destinada a alterar el orden público y, por ello, no debe considerarse como un caso común de entrada irregular.
Desde Génova sostienen que se debe aplicar el marco del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, y señalan que la situación actual no es comparable con los cruces puntuales y habituales de menores no acompañados en Ceuta u otros puntos fronterizos.
Por su parte, el Gobierno mantiene que la competencia en materia de protección de menores corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Desde Moncloa indican que el Estado no puede asumir la tutela directamente ni efectuar devoluciones sin cumplir los procedimientos establecidos y sin considerar el interés superior del menor.
El debate surgió luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera a una pregunta sobre la permanencia de menores en las calles de Ceuta indicando que esa cuestión debería ser atendida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
El PP exige que se tomen medidas para que las personas que entraron irregularmente el 30 de julio, incluidos los menores, sean devueltas a Marruecos, y rechaza su traslado a la Península. Según fuentes del partido, existen mecanismos legales para realizar estos retornos, aunque consideran que falta voluntad política.
Además, los populares han solicitado al Ejecutivo que explique cómo ha sido la relación con Marruecos durante la gestión de la crisis. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, preguntó cuándo fue la última comunicación directa con las autoridades marroquíes desde que comenzó la situación.
El PP descarta romper relaciones con Marruecos y considera necesario avanzar en otros aspectos antes de llegar a esa situación.
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Por su parte, el Gobierno mantiene que la competencia en materia de protección de menores corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Desde Moncloa indican que el Estado no puede asumir la tutela directamente ni efectuar devoluciones sin cumplir los procedimientos establecidos y sin considerar el interés superior del menor.
El debate surgió luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera a una pregunta sobre la permanencia de menores en las calles de Ceuta indicando que esa cuestión debería ser atendida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
El PP exige que se tomen medidas para que las personas que entraron irregularmente el 30 de julio, incluidos los menores, sean devueltas a Marruecos, y rechaza su traslado a la Península. Según fuentes del partido, existen mecanismos legales para realizar estos retornos, aunque consideran que falta voluntad política.
Además, los populares han solicitado al Ejecutivo que explique cómo ha sido la relación con Marruecos durante la gestión de la crisis. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, preguntó cuándo fue la última comunicación directa con las autoridades marroquíes desde que comenzó la situación.
El PP descarta romper relaciones con Marruecos y considera necesario avanzar en otros aspectos antes de llegar a esa situación.
El PP afirma que la tutela de los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta tras la masiva entrada del 30 de julio debe ser responsabilidad del Estado, mientras que el Gobierno defiende que es competencia de la ciudad autónoma.
Las discrepancias entre el Partido Popular y el Gobierno central sobre quién debe encargarse de la tutela de los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta el pasado 30 de julio persisten. Ambas partes sostienen posturas contrapuestas al respecto.
Según el PP, la responsabilidad recae en el Gobierno central y no en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Argumentan que estos menores arribaron en un contexto que califican como una acción destinada a alterar el orden público y, por ello, no debe considerarse como un caso común de entrada irregular.
Desde Génova sostienen que se debe aplicar el marco del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, y señalan que la situación actual no es comparable con los cruces puntuales y habituales de menores no acompañados en Ceuta u otros puntos fronterizos.
Por su parte, el Gobierno mantiene que la competencia en materia de protección de menores corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Desde Moncloa indican que el Estado no puede asumir la tutela directamente ni efectuar devoluciones sin cumplir los procedimientos establecidos y sin considerar el interés superior del menor.
El debate surgió luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera a una pregunta sobre la permanencia de menores en las calles de Ceuta indicando que esa cuestión debería ser atendida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
El PP exige que se tomen medidas para que las personas que entraron irregularmente el 30 de julio, incluidos los menores, sean devueltas a Marruecos, y rechaza su traslado a la Península. Según fuentes del partido, existen mecanismos legales para realizar estos retornos, aunque consideran que falta voluntad política.
Además, los populares han solicitado al Ejecutivo que explique cómo ha sido la relación con Marruecos durante la gestión de la crisis. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, preguntó cuándo fue la última comunicación directa con las autoridades marroquíes desde que comenzó la situación.
El PP descarta romper relaciones con Marruecos y considera necesario avanzar en otros aspectos antes de llegar a esa situación.
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Según el PP, la responsabilidad recae en el Gobierno central y no en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Argumentan que estos menores arribaron en un contexto que califican como una acción destinada a alterar el orden público y, por ello, no debe considerarse como un caso común de entrada irregular.
Desde Génova sostienen que se debe aplicar el marco del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, y señalan que la situación actual no es comparable con los cruces puntuales y habituales de menores no acompañados en Ceuta u otros puntos fronterizos.
Por su parte, el Gobierno mantiene que la competencia en materia de protección de menores corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Desde Moncloa indican que el Estado no puede asumir la tutela directamente ni efectuar devoluciones sin cumplir los procedimientos establecidos y sin considerar el interés superior del menor.
El debate surgió luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera a una pregunta sobre la permanencia de menores en las calles de Ceuta indicando que esa cuestión debería ser atendida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
El PP exige que se tomen medidas para que las personas que entraron irregularmente el 30 de julio, incluidos los menores, sean devueltas a Marruecos, y rechaza su traslado a la Península. Según fuentes del partido, existen mecanismos legales para realizar estos retornos, aunque consideran que falta voluntad política.
Además, los populares han solicitado al Ejecutivo que explique cómo ha sido la relación con Marruecos durante la gestión de la crisis. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, preguntó cuándo fue la última comunicación directa con las autoridades marroquíes desde que comenzó la situación.
El PP descarta romper relaciones con Marruecos y considera necesario avanzar en otros aspectos antes de llegar a esa situación.
