El juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente por los delitos de blanqueo, participación en organización criminal y tráfico de influencias en el denominado ‘caso Plus Ultra’.
MADRID. — En una acción que marca un precedente en la historia democrática de España, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevó a cabo este martes por la mañana un extenso operativo que incluye el registro de la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de la agencia de comunicación de sus hijas, Whathefav SL, y otras dos compañías.
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Esta intervención, adelantada por El Confidencial, se realizó tras la decisión del juez José Luis Calama, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, de levantar el secreto de sumario. El magistrado ha citado a Zapatero para declarar como imputado el próximo 2 de junio por presuntos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Una red de comisiones y lavado de fondos internacionales
Las investigaciones policiales sugieren que el exsecretario general del PSOE habría liderado o participado activamente en una estructura destinada a captar fondos ilícitos para su posterior incorporación al sistema financiero legal mediante personas y empresas cercanas a él. Según informantes próximos a la causa, el origen de estos recursos se divide en dos vías principales:
- Comisiones nacionales: Dinero aportado por empresas españolas que buscaban mantener una «vía directa con Moncloa» y gobiernos extranjeros para facilitar contratos públicos, subvenciones e información privilegiada.
- Fondos internacionales: Capitales procedentes del presunto desfalco de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) y de un programa alimentario del gobierno chavista.
Para dificultar la localización de estas comisiones, se sospecha que parte de los 53 millones de euros de fondos públicos utilizados por el Gobierno de Pedro Sánchez para rescatar a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 fue desviada. Además, los investigadores han detectado patrimonio inmobiliario oculto a nombre de terceros y recursos financieros en el extranjero relacionados con el expresidente.
Rastro del dinero: la empresa familiar en el punto de mira
La investigación judicial centra especial atención en el entramado empresarial familiar. La UDEF ha puesto bajo escrutinio a la compañía Análisis Relevante SL, que entre 2020 y 2025 habría recibido cuantiosas cantidades de empresas privadas por presuntos servicios de consultoría.
Según las pesquisas financieras, tanto Zapatero como sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibieron al menos 661.000 euros de esta sociedad en ese periodo. Los pagos se justificaron con conceptos de asesoramiento y comunicación online, sin que hasta ahora estos servicios estén debidamente comprobados. Por ello se está registrando también Whathefav SL, la agencia propiedad de las hijas del expresidente.
El testaferro clave: La investigación señala como pieza fundamental a Julio Martínez Martínez, amigo de la infancia de Zapatero originario de Elda (Alicante), quien habría actuado como testaferro de la organización y fue detenido por la UDEF el pasado diciembre.
Una causa con diversas implicaciones
La imputación de Zapatero deriva de las diligencias previas inicialmente abiertas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que fueron remitidas a la Audiencia Nacional. Con su citación para el próximo 2 de junio, el expresidente se incorpora a una lista de investigados de alto perfil que incluye al abogado Santiago Fernández Lena, al presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, al consejero delegado Roberto Roselli y al banquero peruano Luis Felipe Baca.
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