La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha puesto en el punto de mira al bar La Bola, situado en la isla de la Cartuja en Sevilla. Las sospechas recaen sobre su dueño, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), quien podría haber empleado este local para lavar fondos vinculados a contratos públicos presuntamente manipulados.
Este bar modesto, reconocido por sus menús accesibles y desayunos orientados a los trabajadores del parque tecnológico de la Cartuja, ha mostrado un notable crecimiento en ingresos desde que Fernández asumió como administrador único de la empresa dueña, La Bola Innovación SL, en 2023. Los últimos datos registrados en el Registro Mercantil reflejan una facturación de 386.996,68 euros, lo que supone un aumento del 29,2% respecto al ejercicio anterior, además de un incremento del 58,08% en su rentabilidad operativa.
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Los empleados del local afirman no tener contacto directo con Fernández y manifiestan que se limitan a realizar sus tareas habituales: “Llevo dos semanas aquí, no conozco al propietario ni sé nada, solo cumplo con mi trabajo”, comenta uno de los camareros. Por su parte, los clientes asiduos describen el bar como un lugar común, sin señales visibles de irregularidades.
La UCO conduce esta investigación como parte de la etapa final de una operación que busca desentrañar una trama de corrupción supuestamente dirigida por ex altos cargos del PSOE, incluidos Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. En el marco de esta causa, Fernández fue arrestado junto a Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, y al empresario navarro Antxon Alonso, vinculado a Servinabar, empresa presuntamente implicada en el manejo de comisiones ilegales y contratos fraudulentos.
Fernández, recientemente absuelto en otro proceso judicial relacionado con la mina de Aznalcóllar, trabajó en Servinabar entre 2021 y 2023 antes de hacerse responsable de La Bola. A pesar de la apariencia discreta y habitual del bar, los investigadores están evaluando si las cifras declaradas corresponden exclusivamente a la actividad comercial o si podrían incluir ingresos derivados de las supuestas comisiones ilegales.
Desde su apertura en 2015, La Bola se ha convertido en un punto central de interés mediático mientras la UCO sigue analizando posibles irregularidades financieras relacionadas con contratos públicos.
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